Mas acudirá hoy a declarar como imputado por el 9-N arropado por más de 400 alcaldes

Unos 400 alcaldes arroparán hoy, ante las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), al presidente catalán, Artur Mas, antes de declarar como imputado por la convocatoria y celebración del 9-N, dos días después de que las manifestaciones de apoyo de ciudadanos y miembros del Govern a las otras dos investigadas, Irene Rigau y Joana Ortega, que depusieron el martes ante el juez, fuera considerado por el tribunal un "ataque directo" a su independencia.

En un comunicado, la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y la Associació Catalana de Municipis (ACM) explicaron que los regidores acompañarán al President hasta la entrada de la sede del TSJC portando los símbolos identificativos del poder municipal, como el bastón de mando.

Mas declarará el día en que se cumple el 75º. aniversario del fusilamiento del presidente Lluís Companys y en medio de una tensa pugna entre el Gobierno catalán y el poder judicial.

Las entidades soberanistas convocantes de las concentraciones del martes frente a la sede del TSJC tacharon ayer de "inaceptable" el comunicado que el tribunal emitió ese día, molesto por el respaldo recibido en la calle por la consejera Rigau y la exvicepresidenta Ortega.

La Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, AMI y ACM ven en esa nota de un "intento de coaccionar el libre derecho a la manifestación". Las entidades reprochan al tribunal "las afirmaciones inexactas sobre los objetivos y los convocantes de las concentraciones" y dice que "en ningún caso" las movilizaciones fueron "instigadas o lideradas por el Govern de la Generalitat".

Sin embargo, el mismo martes por la noche el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) salió en defensa de los jueces catalanes ante el "intolerable" ataque a su independencia y ayer el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, reconoció que ese respaldo era "imprescindible" porque "la propia sala de gobierno" del TSJC "se sintió inquietada y perturbada en su independencia".

Mientras tanto, el juez que instruye la querella de la Fiscalía contra Mas, Ortega y Rigau requirió a la Generalitat los expedientes sobre la compra de los ordenadores utilizados en el 9-N y sobre su transporte a los puntos de votación.

En su requerimiento, el juez reclama las facturas de la adquisición de los 7.000 portátiles usados en la jornada y documentación sobre las partidas destinadas a desarrollar el software empleado para gestionar las votaciones del proceso participativo.

En su declaración, Rigau dijo al juez que la adquisición de los 7.000 equipos informáticos ya estaba presupuestada con anterioridad para uso de los centros educativos.

Tanto Rigau como Ortega alegaron que desde que el 4 de noviembre del año pasado el Tribunal Constitucional suspendió la consulta alternativa, la Generalitat paralizó todas las instrucciones relativas al 9-N, que de esa forma quedó exclusivamente en manos de voluntarios.