Barcelona y otras grandes ciudades callan o se niegan a ceder locales para la votación
Ayuntamientos catalanes que suman al menos tres de los 7,5 millones de habitantes de la comunidad autónoma guardaron ayer silencio o rechazaron de plano la cesión de los locales electorales habituales para celebrar el referéndum de independencia del 1-O, después de que el Tribunal Constitucional lo suspendiese el pasado jueves. En el centro de todas las miradas, el de Barcelona, cuya alcaldesa, Ada Colau, ha decidido paralizar la búsqueda de locales tras la suspensión del referéndum, en espera de que la Generalitat le responda a un escrito en el que le pide garantías de que no se pondrá en riesgo al consistorio o a sus funcionarios.
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Colau afirmó ayer que la crisis catalana exige un referéndum, pero no puede "resolverse de una manera fácil y rápida, anteponiendo el fin a los medios y, con las prisas, dejando fuera a la mitad de Cataluña".
Además de Barcelona, entre los grandes ayuntamientos que se niegan o se hacen los remolones se encuentran L'Hospitalet de Llobregat, Tarrasa, Lérida, Tarragona, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, El Prat de Llobregat y Castelldefels. El nexo entre todas estas localidades es la presencia del PSC en el equipo de gobierno, en algunas ocasiones en solitario y en otras en compañía de más formaciones, algunas de ellas independentistas.
La Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) cifró en 600 de los 948 municipios catalanes los que han brindado sus locales para la votación. La AMI asegura que son 560 los que han expresado su asentimiento por escrito. Junto a ellos, el número de voluntarios que, según fuentes secesionistas, se han brindado a colaborar en una eventual votación se elevaría a 16.000.
El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, envió ayer una carta a los alcaldes de esa comunidad en la que les advierte que no sólo no deben colaborar con el referéndum del 1 de octubre sino que deben impedirlo. "Se les advierte de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada", señala Millo en su misiva.
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