24 de mayo de 2018
24.05.2018
Investigación

Macrooperación policial en Cataluña por el desvío de fondos para la cooperación

Una quincena de los 28 detenidos por la trama en Diputación de Barcelona ha quedado ya en libertad

25.05.2018 | 03:49
La Diputación de Barcelona, uno de los lugares inspeccionados.

Una quincena de la treintena de detenidos en la operación de la Policía Nacional contra una trama que supuestamente desvió dos millones de euros en subvenciones de la Diputación de Barcelona para la cooperación han quedado ya en libertad, entre ellos el expresidente del ente provincial Salvador Esteve.

Según han informado a Efe fuentes policiales, una quincena de detenidos han sido trasladados, tras los registros de sus despachos, a la comisaría de La Verneda de Barcelona, donde han quedado en libertad a la espera de ser citados por el juez en los próximos días.

Entre los arrestados que ya han quedado en libertad figura Salvador Esteve, exalcalde de Martorell (Barcelona) y expresidente de la Diputación de Barcelona y de la Asociación Catalana de Municipios (AMC), que reúne a ayuntamientos de la órbita nacionalista.

Las fuentes policiales consultadas por Efe han precisado que se prevé que media docena de los detenidos pasen la noche en comisaría y que comparezcan este viernes ante el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que mantiene la investigación en secreto.

Macrooperación policial en Cataluña por el desvío de fondos

Esta mañana, la Policía Nacional detenía a 28 personas en una macrooperación contra una presunta trama corrupta de desvío de subvenciones públicas a distintas entidades de Cataluña, algunas de ellas vinculadas al "procés".

Entre los detenidos figura además Joan Carles García, alcalde de Tordera por CiU (Barcelona) y diputado provincial de Barcelona, así como Víctor Terradellas, exresponsable de Relaciones Internacionales de CDC, fundador de la entidad CATmón y vinculado al mundo de la cooperación internacional, según las mismas fuentes.

También han sido arrestados el subdirector de Cooperación Local de la Generalitat y exdirector de la Diputación de Barcelona Jordi Castells, a quien las fuentes consultadas consideran uno de los máximos responsables del desvío de fondos.

Los agentes han registrado el despacho de Castells en un edificio de la consellería de Gobernación en la Vía Layetana de Barcelona.

Otra de las detenciones que los investigadores consideran relevante es la de Guadalupe Moreno Iturriaga, jefa de la Oficina de Cooperación y Desarrollo de la Diputación de Barcelona.

En el marco de la operación el juez ha ordenado los registros de la sede central de la Diputación de Barcelona, las oficinas de la corporación provincial situadas en la calle Londres de la capital catalana, así como oficinas profesionales, despachos, domicilios y empresas, entre ellas la Oficina de Cooperación al Desarrollo o la sede de la fundación CATmón, así como la sede de Pymec en la calle Viladomat de Barcelona.

Además, en Girona se está registrando la fundación Plataforma Educativa, una de las entidades que está en el punto de mira de la investigación por recibir ayudas públicas de forma irregular.

La investigación se centra en una presunta trama corrupta de desvío de al menos dos millones de euros de origen público -concretamente fondos destinados a la cooperación al desarrollo- a empresas y entidades, algunas de las cuales habrían tenido participación en el proceso independentista.

Por el momento, el juez centra las pesquisas en la presunta adjudicación irregular de subvenciones públicas a entidades y particulares.

En concreto las subvenciones irregulares se habrían aportado entre 2012 y 2015 a varias entidades y oenegés para proyectos de cooperación al desarrollo en América Latina, Marruecos y Bosnia, entre otros países.

No obstante, la investigación podría ampliarse a la financiación del procés, si en los registros practicados en las entidades vinculadas con el soberanismo se hallan indicios de que esos fondos públicos adjudicados presuntamente de forma irregular se destinaron a costear la hoja de ruta independentista y el 1-O, han apuntado las mismas fuentes.

En concreto, según estas fuentes, los investigados se sirvieron de entidades como CATmón, Igman o Discatimat para desviar subvenciones en proyectos solidarios y supuestamente emitían facturas falsas por servicios que no llevaban a cabo, para acabar recuperando el dinero de forma ilegal mediante reintegros en efectivo.

A los detenidos se les imputa la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones.

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