Tras una larga y respetada trayectoria como fiscal en Valencia, Lleida y desde 2005 en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo -donde investigó al exministro socialista José Blanco-, Manuel Dolz Lago dio el salto a la política. Ahora ocupa la Secretaría de Estado de Justicia en el departamento que encabeza la ministra Dolores Delgado.

- España figura en el puesto 21 de 28 países en la tardanza en resolver conflictos, el 13 en el uso de nuevas tecnologías, el 21 en presupuesto para la justicia y el 22 en jueces por cada 1.000 habitantes. ¿Mejorar la justicia es una utopía?

-No, es un reto más que utopía. Es una situación que nos motiva para mejorar la prestación del servicio público de la justicia. Creemos que es factible que haya un servicio público de justicia más eficaz, más ágil, que responda más a las necesidades de los ciudadanos, que tienen que comprender que la resolución de conflictos complejos requiere sus tiempos. Y que la justicia puede ser rápida en aquellos asuntos más sencillos. Tenemos en el procedimiento penal procedimientos abreviados, diligencias urgentes y otros asuntos de mayor complejidad en los que la justicia no puede precipitarse. Justicia rápida sí, pero no precipitada.

-¿Cuándo atenderán las reivindicaciones de las asociaciones judiciales que convocaron la segunda huelga de jueces en democracia?

-Hemos hecho algo que no se hizo en quince años: convocar la mesa de retribuciones. Y no fue fácil. Hemos establecido el presupuesto necesario para que esas reivindicaciones se canalicen en esa comisión, que no puede usurpar una potestad legislativa, que es la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Pero hemos establecido la necesidad de que se elabore un reglamento interno que de aquí a diciembre realice su finalidad: adecuar las retribuciones de jueces y fiscales y elevar la propuesta con la intervención del Ministerio de Hacienda y de las asociaciones al Gobierno para que valore si esas propuestas las incorpora en su política legislativa, las lleva al Parlamento y determina unas partidas presupuestarias que se adecuen a ese régimen retributivo de jueces y fiscales.

-¿Es necesaria una ley de financiación de la justicia?

-La administración de justicia, a parte de un poder del Estado al que tenemos que servir, es un servicio básico de los ciudadanos junto con la educación o la sanidad. Más que una ley de financiación de la justicia sí reivindicamos que la ley de PGE se contemple la justicia como servicio básico a la ciudadanía. Creo que la justicia debe de tener un presupuesto superior al que ahora mismo tiene, porque tiene que cubrir necesidades básicas de los ciudadanos.

-La justicia debería tener un plan tecnológico con el nivel de que disponen Hacienda o tráfico. ¿Por qué no se consigue esa tecnificación?

-No nos engañemos. No es el mismo escenario el que pueda tener la agencia tributaria en la gestión de tributos que el que se tiene en la gestión de procedimientos judiciales. Es muy diferente. En la gestión del procedimiento judicial la implantación de las tecnologías de la información y comunicación arranca hace apenas siete años. Y por el volumen de papel, de documentos, supone una difícil adaptación tecnológica, por el objeto del procedimiento y los usuarios que tienen que manipular ese procedimiento. No es equiparable a la gestión de tributos o a la gestión de la seguridad social donde hay unas mecánicas diferentes.

-Los plazos en investigaciones judiciales que usted veía un regalo para infractores ¿los revisarán?

-Los plazos en la instrucción han estado desde 1882 en la Lecrim, que establecía que un sumario no podía durar más de un mes. El modelo de plazos en la instrucción es más adecuado cuando el fiscal, como en Europa, es el que investiga. La existencia de esos plazos ha desembocado en un conflicto entre los colectivos de jueces, de letrados de la administración de justicia, fiscales... Y ha desembocado en la impunidad de muchas conductas. Porque si no se recopilan en los plazos necesarios pruebas para formular un escrito de acusación al final el fiscal tiene que pedir el sobreseimiento de las actuaciones y se produce la impunidad. Nosotros haremos que al final de año en el Parlamento se derogue ese artículo 324.

-¿Van a impulsar la instrucción sumarial a cargo del fiscal?

- Sí. No tenemos ninguna duda. El gobierno va a mantener ese planteamiento. Es un modelo consensuado por todos los partidos y Europa. En esta legislatura no da tiempo a sacar esta ley orgánica que modificaría todo el marco procesal penal, pero sí podemos llegar a 2020 y llevar al Consejo de Ministros un anteproyecto como se llevó en 2011 ya más consensuado. Otra cosa será el establecimiento de plazos de implementación del sistema que requieren unos años de "vacatio legis", con cinco o seis años para acomodar las plantillas de los jueces de instrucción, a través quizás de una unificación de carrera fiscal y judicial porque los jueces de instrucción actuales no pueden pasar todos a ser jueces de garantía. Y con la plantilla tan reducida que tenemos de fiscales no podemos encomendarle todas las instrucciones. Tenemos 2.700 fiscales y 5.000 y pico jueces y habrá que optimizar recursos.

-Y siempre acompañado de la reforma del estatuto del Ministerio Fiscal que lo equipare al mismo nivel de independencia de los jueces y una Fiscalía General del Estado (FGE) de elección parlamentaria.

-La Fiscalía tiene una posición institucional a través de su cabeza y hay una vinculación evidente con el Gobierno, pero a partir del nombramiento del FGE ya existe una independencia y autonomía interna del propio Ministerio Fiscal. Por las gestiones del Ministerio de Justicia actual en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se publica por primera vez en la historia una cabecera independiente del Ministerio de Justicia del Ministerio Fiscal donde se va a publicar los actos, convenios, circulares, instrucciones que haga la FGE. Eso da visibilidad a que este Gobierno es respetuoso con esa autonomía fiscal. Seguimos nombrando al fiscal general, pero a partir de su nombramiento tiene plena autonomía en el ejercicio de sus funciones.

-Usted consideraba que el fiscal general tiene poderes omnímodos cuasi propios de un monarca medieval.

-Sí, lo he escrito. El FGE tiene un gran poder, dentro de la estructura de la Fiscalía General. Y es uno de los pocos cargos políticos -en el buen sentido de la palabra- que dentro de su institución no tiene muchos contrapesos. Sí creo muy necesario que en la modificación del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, si se da la instrucción a los fiscales, se garantice y se blinde al fiscal instructor. Que no pueda recibir una orden de no proseguir un procedimiento. Y que las órdenes que se den sean motivadas por la transparencia, escritas y que se incorporen en los procedimientos. Y que el FGE tenga contrapesos internos en el Consejo Fiscal que, con un nuevo reglamento, permita una mejor participación de los colectivos fiscales y de la sociedad civil que ahora no está. Dicho esto, la Fiscalía es autónoma. En relación con el Ejecutivo está muy claro en la legislación cuál es el papel del Gobierno. Le puede solicitar actuaciones en defensa del interés público, pero el FGE oída la junta de fiscales de sala resuelve lo procedente, es decir que puede rechazar la petición del Gobierno. Y no puede ser cesado por el Gobierno en virtud de una reforma de 2007, salvo causas tasadas legalmente. Nunca ha estado en cuestión que es legal y constitucionalmente imposible que el Gobierno dé instrucciones concretas al FGE para que se posicione en un procedimiento concreto en favor o en contra de los acusados. Eso es imposible constitucionalmente desde 1981. Otra cosa es que otros gobiernos hayan explorado esa posibilidad por vías extralegales.

-¿Suprimirán aforamientos?

-Espero que sí. Siempre he sido contrario a los aforamientos. Es un absoluto disparate que tengamos 250.000 personas aforadas en este país. La pretensión del gobierno es circunscribir esos aforamientos a delitos que se cometan en el ejercicio de las funciones del cargo. Se ha pedido al Consejo de Estado que informe sobre la viabilidad de esa reforma constitucional que yo creo que sí que es viable, como jurista...

-¿Esta legislatura?

- Esta legislatura sería factible si hubiera consenso político.

-¿Cómo se vive una crisis como del comisario Villarejo dentro de un ministerio?

-Se vive con valentía y con fuerza. La ministra es una persona muy valiente. En la sociedad en la que vivimos en la que las redes sociales pueden divulgar cualquier infundio, sea verdad o mentira, para perjudicar a la persona a la que se refiere hay que afrontar estas cuestiones como se afronta en el Ministerio de Justicia, con valentía y trabajando día a día por los derechos de los ciudadanos. Sin entrar en provocaciones.