Concluido el juicio a los líderes independentistas, dictada la sentencia y conocidas las primeras reacciones de unos y otros, procede que nos interroguemos sobre el derrotero que seguirá a partir de hoy el proceso político catalán, pues hay unanimidad en considerar que el pronunciamiento del Tribunal Supremo, al margen del itinerario judicial que siga, no resuelve en absoluto el problema de fondo. Es más, se constata que la cuestión catalana entra de nuevo en ebullición, aumentando la tensión entre las instituciones autonómicas y las del Estado, y la conflictividad en la calle. Si este repunte es circunstancial y está animado por el ambiente electoral, o forma parte de una estrategia sostenida, lo comprobaremos en los próximos días, pero algunos indicios aconsejan ponerse en situación de alerta.
La primera de las señales es la reincidencia de los dirigentes del movimiento independentista en la actitud de resistir a los poderes del Estado. Valoran la sentencia como un acto de venganza que supone la quiebra de la democracia e insisten, lejos de mostrar arrepentimiento, en que volverán a hacer lo que los ha llevado al banquillo de los acusados. Desde el encarcelamiento de algunos de ellos, calibran con sumo cuidado las consecuencias de sus decisiones, pero no dejan de perturbar el funcionamiento normal de las instituciones y de desafiar al orden constitucional. En el ámbito del independentismo han aparecido profundas discrepancias, pero no hay asomo de autocrítica ni la voluntad de rectificar el discurso en ninguna de sus tendencias, que mantienen inamovible el objetivo de ejercer el derecho de autodeterminación celebrando un referéndum.
Por otra parte, los partidos estatales de la derecha descartan por completo esta posibilidad y urgen al Gobierno a adoptar las medidas necesarias, invitándole si es preciso a hacer uso de los recursos represivos, para restablecer la autoridad íntegra del Estado, que ven menoscabada por las iniciativas de la Generalitat. No confían en una política de conciliación, ni reparan en el efecto polarizador de su planteamiento. En sus posiciones extremas, no rehúyen el choque con los independentistas. Preservar la unidad de España por encima de todo es un valor intocable en su acción política.
El Gobierno en funciones comparte este fin, pero exhibe una actitud más flexible, abierta a negociar un nuevo pacto sobre la distribución territorial del poder y el encaje de Cataluña en España. Sin embargo, el diálogo que ha practicado a raíz del apoyo que le prestaron los independentistas para que prosperara la moción de censura que lo llevó al poder ha resultado insustancial y no ha fructificado en ningún logro tangible, al contrario, ha acabado en un desencuentro inoperante. Después de verse obligado a convocar elecciones, ha ido basculando hacia posiciones cada vez más distantes de los nacionalistas catalanes, al menos en su discurso, aunque está por ver cómo serán las relaciones de los socialistas con ellos tras las elecciones.
El problema catalán carga en sus espaldas con un largo recorrido histórico lleno de iniciativas loables y episodios desventurados. Algunos terminaron en tragedia. La sentencia que nos ocupa merece una evaluación jurídica, pero es imposible desconocer su dimensión política. Aparte de la delicada cuestión de cuál sea su tipificación penal, los hechos juzgados son de la máxima gravedad para la vigencia del orden constitucional en España. Teniendo en cuenta los antecedentes históricos del independentismo catalán, la actitud reiterativa e insumisa de sus dirigentes actuales y las consecuencias palmarias de sus actos, es atrevido concluir que todo fue una falacia y una manipulación. Aunque la sentencia haya servido para contener la tensión un grado. Lo peor es que en el soberanismo catalán nadie escucha si no es para hablar de la convocatoria inminente de un referéndum, lo que conduce a los partidos estatales a desistir del diálogo, arropados por el hastío de la opinión pública, y que empezamos a dudar si todo esto no es otro fraude político.
