El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, firma un decreto por el que archiva, por falta de "indicios razonablemente verosímiles", la denuncia que presentó el grupo popular en la Asamblea de Madrid por presunto tráfico de influencias a la hora de obtener ayudas en pandemia contra una empresa, Industrias Plásticas Playboy, que el Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso vincula con los padres del presidente Pedro Sánchez.

En su denuncia, que afectaba a otras seis empresas presuntamente vinculadas a miembros del Gobierno Central, el PP de Madrid aludía a la obtención de ayudas del ICO "durante la pandemia y otros anteriores" por parte de la citada empresa plástica. 

Citaba informaciones periodísticas para asegurar que, según el Registro Mercantil Pedro Sánchez Fernández y Magdalena Pérez-Castejón Barrios, padres del presidente, fundaron en 1977 la empresa Playbol SA.; y que el primero sigue figurando como administrador público de la compañía.

Según el documento presentado en Anticorrupción, entre el 18 de febrero del 2020 y el 25 de mayo de 2021, esta empresa, recibió, "tal y como figura en el Registro del Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas, 14 ayudas por parte de la Compañía Española de Refianzamiento, S.M.E, S.A, o del Instituto de Crédito Oficial (ICO), en forma de reafianzamiento o avales, por valor de 896.000 euros, lo que representa una "ayuda equivalente" a 64.959,82 euros.

Se pretendía una investigación inquisitiva

Tras analizar los contratos y las ayudas, Anticorrupción concluye que no existen pruebas que inicialmente permitan afirmar la eistencia de "participacón criminal alguna".

"La patente desconexión entre el procedimiento realmente seguido en las operaciones analizadas (...) y la hipótesis delictiva planteada por el denunciante, que se ha comprobado huérfana de la mínima base indiciaria, convierte en improcedente la práctica de cualquier otra actuación, que conduciría a esas diligencias por el terreno vedado de las investigaciones prospectivas, de corte inquisitivo", afirma en el decreto de archivo dado ha conocer este miércoles.

Díaz Ayuso acudió a Anticorrupción con doce contratos que considera "sospechosos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación" por valor de 326 millones y catorce ayudas en forma de avales por más de 800.000 euros. Los populares las relacionaban con personas cercanas al Gobierno de Pedro Sánchez, entre los que figuran el marido de la vicepresidenta Nadia Calviño.

Menos en el caso de Plásticas Playboy, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción han señalado a El Periódico de España que el resto de contratos denunciados por el PP se siguen investigando.