Un imputado confiesa haber grabado cómo se preparó la presión al abogado de Bárcenas

El empresario Juan Ramón Díaz Moro, uno de los investigados en la pieza separada número 36 del caso Tándem o caso Villarejo, ha confesado este martes en la Audiencia Nacional haber realizado las grabaciones en las que junto a otras dos personas preparaban la supuesta persecución al exjuez Javier Gómez de Liaño, que en 2013 y 2014 ejercía de abogado de Luis Bárcenas, según informan a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica fuentes presentes en las comparecencias. También han declarado los otros dos imputados en la causa, el abogado José Luis Moreno Cela y la también empresaria Mónica Gil Manzano, en prisión desde hace cinco años por otros hechos. Ambos no han reconocido sus voces en las grabaciones, pero sí las de sus interlocutores.

Al ser interpelado por el fiscal Miguel Serrano por el motivo por el que grabó las conversaciones, Díaz Moro explicó que se lo había encargado "Halit Sahitaj", a quien la Policía identifica como intermediario con el preso rusogeorgiano Zakhar Kalashov, quien había contratado a Gómez de Liaño como abogado defensor.

Tal y cómo adelantó esta redacción, las anotaciones de las agendas de Villarejo, las propias grabaciones del comisario jubilado y tres correos electrónicos evidencian la intención del clan policial imputado por el caso Kitchen de perseguir a Gómez de Liaño.

En la fecha en la que el empresario Moro realizó las grabaciones el extesorero del PP se había decidido a tirar de la manta, y pasó de negar la veracidad de los denominados como papeles de Bárcenas a reconocer la existencia de una caja b en el partido con fondos procedentes de empresas donantes.

Jorge Fernández Díaz

Y para tratar de frenar la estrategia elaborada por Gómez de Liaño para su cliente, el excomisario José Manuel Villarejo y la cúpula del Ministerio del Interior, con el supuesto conocimiento del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, organizaron la aludida operación Kitchen o cocinero para espiar y boicotear la colaboración con la justicia.

En las cuatro grabaciones, que han podido ser oídas en las declaraciones celebradas en la Audiencia Nacional, se alude a que el encargo para obtener información sobre supuestos trapos sucios de Gómez de Liaño se habría producido por "un lobby que está detrás del PP", tal y cómo especifica el sumario del procedimiento. Ninguno de los tres imputados ha reconocido que personas vinculadas a esta formación política les encargaran la persecución al exjuez.