La jueza investiga por prevaricación a dos altos cargos del Gobierno canario

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo, investiga a dos altos cargos del Gobierno de Canarias en el marco del denominado Caso Mediador, sobre posibles pagos a políticos para favorecer a algunos empresarios canarios y peninsulares en la actividad de sus negocios. Los nuevos imputados son Álvaro de la Bárcena Argany, viceconsejero del Sector Primario, y Estefanía González Núñez, jefa de Servicio en dicho departamento. Ambos están citados a declarar como presuntos autores de un delito de prevaricación y otro de revelación de secretos.

La implicación de Álvaro de la Bárcena y Estefanía González está relacionada presuntamente con su participación para reducir la gravedad de un expediente sancionador al empresario Alberto Montesdeoca García, propietario de la Biogranja Montesdeoca, situada en el municipio de Adeje. Cabe recordar que dicho ganadero recibió una subvención de fondos de la Unión Europea de más de 74.000 euros. Sin embargo, la citada ayuda económica no se justificó de la manera adecuada, por lo que se abrió el referido informe para que devolviera el dinero.

De hecho, el fiscal delegado Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Jaime Serrano-Jover González, se muestra a favor de que se envíe a la Intervención General de la Administración del Estado el mencionado expediente, el número 4/2021, que fue tramitado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ejecutivo Autónomo.

El representante del Ministerio Público recuerda en el informe que remitió a la jueza instructora que los indicios de posibles irregularidades, que pueden llegar a ser delitos, figuran ya en escritos elaborados por investigadores de la Policía Nacional, así como de la propia Fiscalía.

Según el referido documento, los agentes del Equipo de Delitos Informáticos detectaron conversaciones y comunicaciones transcritas, que pueden revestir indicios de delito, y en las que presuntamente aparecen implicados Álvaro de la Bárcena, Estefanía González y Taishet Fuentes, en aquel momento director general de Ganadería del Gobierno canario y sobrino del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que llegó a ser conocido a raíz del Caso Mediador como Tito Berni y que antecedió a Taishet en el referido cargo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Las presuntas irregularidades están vinculadas con dos expedientes a la granja Montesdeoca

En base a dichas comunicaciones, existen indicios que apuntan a que Taishet, destituido de dicho cargo en junio de 2022, presuntamente mostró interés para que se le rebajara la gravedad del expediente a Alberto Montesdeoca para que devolviera los fondos europeos y para que prescribiera un procedimiento sancionador.

Y, tal y como solicita la Fiscalía Anticorrupción, la autoridad judicial acuerda enviar a la Intervención General del Estado ambos expedientes vinculados a la Biogranja Montesdeoca.

La persona que presuntamente medió en toda esa trama fue Marco Antonio Navarro Tacoronte, natural de Gran Canaria y asentado en Tenerife, que en su papel de mediador da nombre a este supuesto caso de corrupción.

El próximo jueves, 29 de junio, está previsto que Álvaro de la Bárcena y Estefanía González Núñez comparezcan a prestar declaración ante la jueza instructora a las 11:00 y las 11:30 horas en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife.

Para esa misma jornada también han sido citados a prestar declaración Taishet Fuentes y Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Esa será la segunda vez que la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife les toma declaración, después de que ambos fueran detenidos en febrero del presente año. Durante su comparecencia en sede judicial, también está previsto que se les realice una prueba caligráfica.

El fiscal delegado contra la Corrupción se opone en un informe a la devolución de algunos efectos intervenidos al general de División retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, detenido el pasado 14 de febrero por su presunta participación para favorecer a empresarios que querían hacer negocios en el Archipiélago y el único que llegó a estar en prisión provisional tras pasar a disposición judicial. Espinosa Nava permaneció dos meses y medio en la cárcel Tenerife II. El 4 de mayo quedó en libertad con medidas cautelares.

Para el representante del Ministerio Público, el volcado y análisis de los dispositivos se acordó por la juez y, por tanto, debe efectuarse dicha diligencia. Aclara el fiscal que el tiempo que pase desde que se dicte la medida hasta que se ejecute no es motivo para que desaparezca el interés de la citada práctica de la prueba.

En opinión de Jaime Serrano-Jover, la actual situación de intervención de los dispositivos no genera indefensión para el citado exmando del Instituto Armado. Incide el fiscal en que el tiempo transcurrido desde que se requisaron tales efectos no ha sido excesivo, sobre todo si se tiene en cuenta la magnitud de la investigación del Caso Corredor.

El abogado de Marco Antonio Navarro Tacoronte pidió que se revocara el consentimiento que el mediador otorgó en su día a la jueza para que se analizara el contenido de su teléfono móvil y que ha sido clave para revelar cómo actuaba el supuesto grupo organizado, así como las fiestas y el consumo de cocaína y prostitución que realizaban algunos de los implicados. El representante del Ministerio Público dice que Navarro concedió permiso varias veces para que se hiciera tal estudio de su terminal y lo concedió en presencia de su entonces letrado defensor.

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