España priorizará el catalán y relega el euskera y el gallego para superar las dudas de la UE

Las dudas y reservas del resto de Estados miembros sobre la iniciativa española para modificar el reglamento 1/58 del Consejo, que regula el régimen lingüístico de la UE, para incluir las tres lenguas cooficiales -catalán, euskera y gallego- ha llevado a España a dar una nueva vuelta de tuerca más a la propuesta de oficialidad y apostar por dar prioridad al catalán y aplazar el despliegue del euskera y gallego. “La decisión final no cambia en absoluto pero ante el planteamiento de dudas por parte de Estados miembros que hablaban de que tres lenguas de una sola vez, que tal vez era necesario una gradualidad, hemos priorizado al catalán con respecto al euskera y al gallego”, ha anunciado el ministro de exteriores, José Manuel Albares, tras presentar ante los Veintisiete la iniciativa. 

Albares ha insistido en que el objetivo no ha cambiado, que siguen apostando porque las tres lenguas sean oficiales al mismo tiempo. “El final de la propuesta española es claro, que el catalán, euskera y gallego formen parte del régimen lingüístico de la Union en la reforma”. Sin embargo, ha justificado esa dualidad en que algunos Estados miembros han planteado que “tres lenguas de una sola vez era algo más difícil” de conseguir. Por eso, “nos hemos abierto a que el idioma cuyos representantes han solicitado con más insistencia la inclusión dentro de la modificación del reglamento, y que es hablado por más de 10 millones de personas, sea el primero en su despliegue”, ha precisado tras una discusión breve a nivel ministerial, de entre 35 y 40 minutos, en la que han tomado la palabra un total de 21 delegaciones. 

El Gobierno no ve ningún tipo de discriminación en esta fórmula sino una gradualidad necesaria y mencionan el caso del irlandés que no se convirtió en oficial hasta 2005 y que no logró la plena oficialidad hasta 2022, tras un largo período transitorio. La posibilidad de implantar progresivamente las tres lenguas cooficiales no ha sido una petición que se hubiera planteado hasta ahora. De hecho, el ministro finlandés de exteriores, Anders Adlercreutz, no recuerda ninguna demanda en este sentido durante la reunión de este martes -salvo la del ministro español según algunas fuentes- pero reconoce que probablemente "sería más sencillo" avanzar poco a poco, desarrollando quizás los acuerdos administrativos existentes hoy en día. "Probablemente hay diferentes grados en los que pueden entrar o diferentes niveles entre el estatus oficial pleno y el que tienen estas lenguas", ha añadido este político finlandés que se define como "un gran amigo de las lenguas de España" y "gran amigo de la lengua catalana", en la que se ha pronunciado a su llegada.

Más tiempo

Pese al desenlace, el representante español se ha mostrado satisfecho. “La presidencia ha podido constatar que nadie ha manifestado un veto contra nuestra propuesta. Ningún Estado miembro ha ejercido su veto contra nuestra propuesta”. Lo que sí han hecho el resto de socios europeos es pedir “más tiempo” para analizar el desarrollo y la implantación de una propuesta que sigue suscitando dudas a nivel político, jurídico, administrativo y financiero. “Por este motivo hemos acordado seguir trabajando para dar respuesta y canalizar los comentarios de los Estados”, ha explicado sobre un trabajo que continuará a nivel técnico en los grupos de trabajo del Consejo y en el Comité de Representantes Permanentes (Coreper).

Pese a la urgencia con la que ha planteado España el debate, derivada de las negociaciones de investidura, Albares no ha ofrecido plazos sobre próximos pasos ni sobre cuándo podría tomarse una decisión. “Vamos a intentar canalizar tan rápido como podamos los comentarios y dudas”, ha indicado confirmando la "voluntad" de Madrid de "avanzar lo más rápido". Tampoco ha aclarado si los servicios jurídicos del Consejo elaborarán un informe, tal y como han pedido muchos gobiernos.

Sí ha defendido, no obstante, que la iniciativa no se refiere a lenguas minoritarias. "El número de hablantes del catalán supera a varios idiomas ya oficiales de la UE. En concreto es hablado por más de 10 millones lo que supone estar entre los 15 primeros idiomas de la union en número de hablantes", ha justificado sobre los motivos de dar prioridad a esta lengua. Un argumento que ha recibido el apoyo explícito de Eslovenia. "Eslovenia apoya la propuesta. Eslovenia es uno de los Estados miembros más pequeños. La lengua eslovena la hablan 2 millones de personas y entendemos el deseo de todo el mundo que habla una lengua oicialmente reconocida en un Estado miembro a ser oficial en la Unión Europea", ha secundado Marko Stucin, secretario estado asuntos europeos.

"Compromiso cumplido"

Según Albares con la presentación de la iniciativa, el Gobierno de Pedro Sánchez "ha cumplido con su compromiso" y ha puesto en marcha "la reforma del reglamento 1 sobre el régimen lingüístico de la UE”. No obstante, la conclusión de la jornada es que ni el catalán, ni el euskera ni el gallego han conseguido superar el primer examen para convertirse en lenguas oficiales de la Unión Europea, que no ha habido votación alguna y que las discusiones tendrán que continuar porque antes de tomar decisiones hay cuestiones administrativas, financieras y presupuestarias, jurídicas y políticas que es necesario examinar y aclarar.

Pese a esta falta de resultados y el aplazamiento de decisiones indefinidamente, España se ha mostrado satisfecha. “La presidencia ha podido constatar que nadie ha manifestado un veto contra nuestra propuesta. Ningún Estado miembro ha ejercido su veto contra nuestra propuesta”, ha celebrado. Lo que sí han hecho el resto de socios europeos es pedir “más tiempo” para analizar el desarrollo y la implantación de la propuesta. “Por este motivo hemos acordado seguir trabajando para dar respuesta y canalizar los comentarios de los Estados”, ha explicado sobre un trabajo que continuará a nivel técnico en los grupos de trabajo del Consejo y en el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) antes de derivar la cuestión a una "próxima" reunión del Consejo.

Sin plazos ni calendario

Pese a la urgencia con la que ha planteado España el debate, debido de las negociaciones de investidura, la presidencia española de la UE no ha ofrecido plazos sobre próximos pasos ni sobre cuándo podría tomarse una decisión. “Vamos a intentar canalizar tan rápido como podamos los comentarios y dudas”, ha indicado Albares confirmando la "voluntad" de Madrid de "avanzar lo más rápido". Tampoco ha aclarado si los servicios jurídicos del Consejo elaborarán un informe, tal y como han pedido muchos gobiernos.

Sí ha defendido, no obstante, que la iniciativa no se refiere a lenguas minoritarias. "El número de hablantes del catalán supera a varios idiomas ya oficiales de la UE. En concreto es hablado por más de 10 millones lo que supone estar entre los 15 primeros idiomas de la union en número de hablantes", ha justificado sobre los motivos de dar prioridad a esta lengua. Un argumento que ha recibido el apoyo explícito de Eslovenia. "Eslovenia apoya la propuesta. Eslovenia es uno de los Estados miembros más pequeños. La lengua eslovena la hablan 2 millones de personas y entendemos el deseo de todo el mundo que habla una lengua oicialmente reconocida en un Estado miembro a ser oficial en la Unión Europea", ha secundado Marko Stucin, secretario estado asuntos europeos.

La carta de Zapatero

España no solo ha jugado la carta del peso de estas tres lenguas. También ha incidido en que son idiomas que se pueden usar en el Parlamento español y que no se trata de una “propuesta nueva o inédita”. La iniciativa para lograr la oficialidad de las tres lenguas fue lanzada hace 20 años con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa. Entonces su propuesta también fue la de lograr la plena oficialidad de las tres lenguas, algo que no fue posible ante las reservas del resto de delegaciones. 

España sí consiguió, en cambio, firmar acuerdos administrativos con la mayoría de las instituciones europeas -todas salvo el Parlamento Europeo- lo que ha permitido a los ciudadanos dirigirise en estos idiomas a las instituciones europeas gracias a un sistema cuyo coste corre a cargo del Gobierno español. Albares ha confirmado que también en esta ocasión están dispuestos a asumir los costes derivados de una iniciativa que considera "buena para Europa" porque el multilingüismo es un objetivo consagrado en los tratados. El ministro no ha ofrecido cifras sobre los costes aunque el ministro irlandés, Peter Burke, ha apuntado que será "una factura sustancial".

Efecto dominó

Tanto Alemania, como Eslovaquia, Croacia, República checa e incluso Francia, han incidido en la necesidad de examinar las implicaciones jurídicas. ¿Tienen miedo de que resurjan reivindicaciones propias en cuanto al corso o el bretón?, le han preguntado a la ministra de asuntos europeos, Laurence Boone. "Nunca tenemos miedo. Tenemos un marco constitucional y hay un marco jurídico en el Consejo Europeo y creo que es importante darse tiempo en grupos de trabajo para ver cómo y dónde las lenguas regionales pueden utilizarse. Así que vamos a ayudar a España todo lo que sea posible. Tenemos juristas para hacerlo", ha indicado. "Pensamos que necesitamos más investigación sobre la propuesta tanto sobre cuestiones legales como financieras. Hay muchas lenguas minoritarias dentro de la UE que no son lenguas oficiales y necesitamos conocer las consecuencias legales y financieras", ha precisado también la ministra sueca, Jessika Rosswall, sobre una cuestión que también en la que han puesto el foco más Estados miembros.

Incluso Irlanda ha reclamado un estudio de impacto para examinar cuestiones legales y presupuestarias. "Somos un país que defiende a las minorías y que realmente quiere que los ciudadanos tengan pleno acceso a las instituciones europeas. Pero tenemos que evaluar el impacto de ello (...) Hay que tomarse su tiempo, evaluar las consecuencias de la decisión, las implicaciones presupuestarias, porque obviamente hay que estar preparados para los precedentes legales que se puedan establecer", ha dicho Burke.

El régimen lingüístico de la UE reconoce actualmente 24 lenguas oficiales -alemán, francés, italiano, neerlandés, danés, inglés, griego, español, portuguesa, finlandés, sueco, checo, eslovaco, esloveno, estonio, húngaro, letón, lituano, maltés, polaco, búlgaro, irlandés, rumano y croata- cuyos costes son sufragados por el presupuesto de la UE.