Los Franco, obligados a abrir la casa Cornide cuatro días al mes tras su declaración BIC

La declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la casa Cornide, iniciada hace más de dos años a petición del Ayuntamiento, ya es firme. Un nuevo estatus que obliga a los propietarios, los herederos del dictador Franco, a una serie de deberes para con el edificio, entre ellos, el de abrirlo a visita pública y gratuita un mínimo de cuatro días al mes y durante al menos cuatro horas. La declaración conlleva otras obligaciones, como el deber de conservación con el edificio dado su carácter patrimonial y la imposición de comunicar a la Xunta de Galicia cualquier modificación, obra o reforma que se realice en su estructura.

El Diario Oficial de Galicia publicó el pasado mes de mayo la declaración de BIC de la casa Cornide, tras lo cual salió en el Boletín Oficial del Estado y empezaron a correr los plazos para recursos administrativos o judiciales contra ese acuerdo del Consello de la Xunta.

Transcurrido este periodo y ante la ausencia de recursos, el inmueble ya es Bien de Interés Cultural a todos los efectos. La declaración, no obstante, no exime a la familia Franco de la titularidad del edificio, que siguen ostentando, salvo que les sea reclamada por la vía judicial.

Esta declaración, no obstante, no significa necesariamente que la apertura de la casa vaya a ser inminente a partir de ahora. Los precedentes que invitan a pensar que estas visitas pueden hacerse esperar están en la misma familia, pero con otro inmueble: el pazo de Meirás, del que los Franco eran propietarios hasta que el Estado se lo reclamó en los tribunales —un proceso judicial que sigue abierto, pendiente de la resolución del Tribunal Supremo—. Aunque Meirás había sido declarado BIC en 2008 a petición del Concello de Sada, hubo que esperar hasta 2011 para traspasar por primera vez sus puertas, debido a los múltiples recursos e impedimentos que impusieron los propietarios para evitar su apertura.

En el caso de la casa Cornide aún existen más incógnitas, ya que su interior es todavía un misterio tanto para el público general como para los técnicos de Patrimonio, que no recibieron autorización para acceder al edificio para evaluar sus estancias.

El Concello de A Coruña, por su parte, ha vuelto a anunciar su intención de iniciar una reclamación judicial para recuperar la casa para el patrimonio municipal este año. Un propósito que el pleno aprobó por unanimidad en 2019, y que el Gobierno local anunció en múltiples ocasiones que llevaría a cabo desde el año 2020, sin que estas acciones hayan llegado a concretarse.