España dejará la presidencia de la UE sin llevar a votación la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera

La reivindicación de que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales de la Unión Europea ya es definitivamente una carrera de fondo y no una al 'sprint'. Este martes se reunirá el Consejo de Asuntos Generales de la UE con este tema de nuevo encima de la mesa y lo hará sin señales de que se vaya a tomar una decisión definitiva. De hecho, la previsión es que el asunto se debata, pero no se llegue a votar. Es el cuarto encuentro que celebra este Consejo desde que el Gobierno, empujado por Junts y ERC, reclama la oficialidad. En esta ocasión, habrá una nueva variable encima de la mesa: por primera vez hay un informe preliminar de la Comisión Europea que cifra en 132 millones el coste de la oficialidad de estas tres lenguas. ¿Un coste razonable o un coste excesivo? Esta es una de las cuestiones que deberán dirimir los 27 estados miembros.

Para tratar de convencer a los otros países, el Gobierno de Pedro Sánchez se ofreció a costear este gasto de su bolsillo. Es decir, que sea España y no la Unión quien financie las traducciones interpretaciones a diferencia de lo que ocurre con las actuales 24 lenguas ya oficiales. El Gobierno siempre ha tenido prisa para desencallar el asunto porque es un compromiso de investidura con el independentismo catalán y, si lo lograra, la legislatura española ganaría en estabilidad. Algo nada desdeñable a las puertas de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, la mayoría de países miembros no tienen prisa por tomar una decisión. Varias fuentes diplomáticas consultadas por EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, coinciden sobre todo en una cosa: aún es pronto para que haya un desenlace. "Hay gran voluntad de intentar ayudar a los estados miembros con sus problemas domésticos. En el caso de la propuesta española, hay voluntad de analizarla y ver qué podemos hacer, pero necesitamos más información y análisis", señalan fuentes diplomáticas de la UE.

Dudas sobre el coste

Del informe de la Comisión Europea sobre el coste de la oficialidad surgen algunas dudas. Por ejemplo, si hay suficientes traductores de euskera para un volumen de trabajo como el que genera la UE. Hay países que temen que haya "retrasos en el proceso legislativo", señalan otras fuentes diplomáticas. Hay Estados miembros que expresan en privado que por ellos no habrá problemas, mientras que hay otros que tienen más reticencias. A finales de octubre, Letonia y Lituania expresaron sus dudas en público: "Tenemos que dedicar el tiempo a otros temas", dijo el ministro de exteriores de Letonia, Krisjanis Karins.

Con dudas o sin ellas, el Gobierno ha conseguido fijar el tema en la agenda europea. "España ha dejado claro que es una cuestión extremadamente importante para ellos [...]. Las cosas avanzan", señala otra fuente diplomática. El ejecutivo de Pedro Sánchez confiaba darle un empujón definitivo a la oficialidad en el segundo semestre de este 2023 bajo la presidencia española de turno del Consejo de la UE. El semestre, sin embargo, se acaba el 31 de diciembre y lo hará si haber resuelto el tema.

El ministro de exteriores español, José Manuel Albares, ha quitado hierro al hecho de que este martes tampoco vaya a votarse la propuesta española y avisa de que el único ejemplo similar al de España, el del gaélico, tardó más de dos años en ser aceptada desde que el Gobierno de Irlanda hizo la propuesta. “El hecho de que mañana no se lleve a adopción es una forma clásica de cómo funciona la Unión Europea. Lo importante no es llevarlo y llevarlo y llevarlo para adopción. Lo importante es llevarlo a adopción y que un día se adopte”, ha explicado tras participar en Bruselas el Consejo de ministros de exteriores de la UE. “El día que haya las suficientes garantías para ello por supuesto que lo presentaremos para adopción, pero desde luego mañana (por este martes) el catalán, euskera y gallego van a estar dentro del debate porque se han producido avances”, ha asegurado.

Bélgica entra en escena

Será Bélgica quien a partir de enero tendrá esta presidencia y quien, por lo tanto, tendrá un papel importante a la hora de incluir este tema o no en la agenda. La Generalitat catalana asegura que se ha puesto en contacto con las autoridades belgas para que mantengan "viva" la cuestión. Fuentes diplomáticas de Bélgica exponen que tienen presente el asunto y que entienden "la urgencia política por parte de España", pero avisan de que no ven una "necesidad urgente de clarificar esta cuestión" de forma inminente.

Desde el Palau de la Generalitat quieren ver el vaso medio lleno. En la plaza de Sant Jaume admiten que aún no se ha logrado avanzar de forma decisiva, pero destacan que no hay el rechazo frontal de ningún país -la decisión debe tomarse por unanimidad-. "Mantenemos el optimismo. Mañana no termina nada", ha dicho la consellera de Acció Exterior, Meritxell Serret. Ahora, ha continuado la consellera, el objetivo del Govern es trabajar para que "el tema no decaiga" con la presidencia de los belgas. De hecho, la Generalitat lleva meses movilizando muchos recursos: ha puesto sus 'embajadas' europeas a trabajar en esta dirección; ha hecho una campaña de difusión en los 27 países y ha enviado informes favorables a todos los gobiernos europeos.

Mantenemos el optimismo. Mañana no acaba nada

Meritxell Serret

— Consellera de Acció Exterior

El Govern de Pere Aragonès tiene depositadas muchas esperanzas en este asunto porque ve una posibilidad real de conseguirlo. Y también la posibilidad de erigirse como el Govern bajo la batuta del cual se logró. No sería poca cosa, sobre todo en un contexto en el que el Ejecutivo de Aragonès está sufriendo mucho desgaste por la gestión de la sequía y por el resultado del informe PISA.

También Junts sigue de cerca el tema. Los posconvergentes que disputan con ERC la paternidad de la operación. Es decir, quien se pone la medalla por haber presionado al Gobierno del PSOE de forma decisiva para elevar la cuestión a Europa. El portavoz del partido, Josep Rius, ha advertido este lunes al Gobierno que esta cuestión no se puede "retrasar mucho más", aunque ha evitado apretar más las tuercas a los socialistas.

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