Pleno del Tribunal Constitucional
El TC valora declarar que Ayuso vulneró derechos políticos al suprimir la posibilidad de enmiendas a la ley de Telemadrid
El Pleno aplaza el debate de la ponencia del presidente Conde-Pumpido, que ampara al PSOE de Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / Europa Press
La ponencia elaborada del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, sobre el recurso que presentó el PSOE en la Asamblea de Madrid contra la aprobación de la ley que regula la elección de los cargos directivos en Telemadrid considera que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso vulneró derechos políticos.
El recurso iba a ser analizado inicialmente este miércoles por el Pleno del tribunal, si bien finalmente se ha decidido aplazar el debate a una próxima convocatoria por la inasistencia de una de las magistradas, que se encuentra de baja médica. La ponencia que previsiblemente puede salir adelante, dada la mayoría progresista que actualmente existe en el órgano de garantías, propone declarar inconstitucional y nulo el acuerdo de la Mesa y el pleno de la Asamblea de Madrid, que tramitó este asunto por el procedimiento de lectura única.
Se trata de un "tirón de orejas" al Gobierno de Díaz Ayuso pero sin consecuencias práctica, dado que el PSOE se limitó a recurrir el trámite para la aprobación de la norma, pero no el texto legal en sí. La ponencia, de la que ha tenido conocimiento EL PERIÓDICO, pivota sobre el hecho de que la ley fue aprobada en lectura única y, según la redacción del Reglamento de la Asamblea de Madrid entonces vigente, ello excluía la presentación de enmiendas.
La propuesta del presidente analiza si la vulneración de derechos puede ser aplicada entonces al precepto vigente en sí o a la concreta aplicación del mismo que hicieron los miembros de la Mesa, para concluir que se da el segundo de los casos.
Por ello, se valora reconocer el derecho de los diputados socialistas a acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad con los requisitos que señalen las leyes, algo que no ocurrió en este caso porque no concurría una justificación para la supresión o privación circunstancial u ocasional del derecho de enmienda.
Derechos políticos
Así, se concluye que el acuerdo supuso una interpretación de la legalidad parlamentaria que, conforme a lo que exigía la doctrina de este Tribunal, "afectó vulnerándolo al núcleo de la función representativa" reconocido en el art. 23.2 de la Constitución y al principio democrático recogido en el artículo 11 de esta misma norma. "El debido respeto a la Constitución impide así a la Mesa proponer al Pleno la tramitación de un procedimiento parlamentario que imposibilita a los parlamentarios el ejercicio de su cargo público y conlleva su restricción", continúa la propuesta a debatir.
La vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, durante un pleno en la Asamblea de Madrid / Alberto Ortega - Europa Press
La ponencia también recuerda que a la hora de realizar una propuesta de tramitación de una proposición de ley por el procedimiento de lectura única, la Mesa de la Asamblea de Madrid debe constatar "no solo el cumplimiento de los requisitos establecidos para su presentación" en el propio Reglamento de la Asamblea, sino también que no se incumpla el requisito constitucional sobre "el necesario respeto del derecho de enmienda que ha sido reconocido por la jurisprudencia de este Tribunal como parte integrante del contenido del "ius in officium" (derechos políticos) de los parlamentarios".
Además, y a propuesta de la Fiscalía, la ponencia plantea extender la declaración de inconstitucionalidad y nulidad al acuerdo del Pleno de la Asamblea de Madrid de 8 de julio de 2021 por el que se acordó la tramitación directa de la proposición de ley y en lectura única, al ser una decisión confirmatoria de la propuesta realizada por la Mesa de la cámara madrileña.
Opacidad
En el momento de presentar este recurso, el entonces secretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato, explicó que lo hacían porque la reforma de Telemadrid se tramitó "de forma absolutamente opaca". Pretenden controlar de forma absolutista Telemadrid y ponerla al servicio de la presidenta", sostuvo cuando presentó la iniciativa legal en rueda de prensa.
La norma obliga a que el director general de la televisión pública madrileña tenga que ser refrendado por una mayoría de dos tercios de la Asamblea en una primera votación, si bien abre la puerta a una segunda vuelta en la que valdría una mayoría simple. Además, se modifica el número de miembros del Consejo de Administración del ente público.