El fracaso del plan para salvar Juliana dificulta la compra por Armón del astillero gijonés

M. CASTRO

La llegada del grupo Armón a Gijón para reanudar la construcción de barcos en las instalaciones de Factorías Juliana se aleja. El consejero de Industria del Principado, Graciano Torre, comunicó ayer a directivos del grupo naviego el fracaso del plan que permitiría a Armón adquirir en un plazo breve los activos de Factorías Juliana, mediante la aprobación de un convenio con los acreedores, con una quita del 79% de la deuda. La venta de las instalaciones de Juliana a Armón habría permitido obtener 16 millones de euros con los que pagar el 21% de deuda restante. La junta de acreedores que hoy se reúne en el Juzgado de lo mercantil apostará, previsiblemente, por la liquidación del astillero. El Principado se muestra a favor, pese a todo, de que Armón adquiera en 6 meses las instalaciones.

El peso de la deuda corporativa de Vulcano, así como las dudas sobre el cumplimiento del convenio de acreedores de Factorías Juliana, es el argumento que ha llevado a Pymar a dar marcha atrás en su plan para evitar la liquidación de Factorías Juliana, según fuentes empresariales. Ahora Juliana entrará en un proceso de liquidación que arrastrará a un concurso de acreedores a su empresa matriz, el astillero vigués Factorías Vulcano, de manera «inevitable», según comunicó ayer el administrador único de Factorías Juliana y directivo de Vulcano, José Domínguez, a directivos de Pymar y a responsables políticos.

Aunque al cierre de esta edición, a última hora de la noche de ayer, aún se mantenían contactos entre las partes para tratar de enderezar la situación, la entrada inminente en un proceso de liquidación de Factorías Juliana y el posterior proceso concursal de Factorías Vulcano se daba por hecho por múltiples fuentes. De hecho, el Principado pidió a Armón que retirara su oferta por la compra de las instalaciones. Torre se dirigió a Armón después de haber mantenido, en la mañana de ayer, una reunión con el segundo de a bordo de Pymar, Ernesto Costa, y con el titular del Juzgado de lo mercantil número uno de Oviedo, Alfonso Muñoz Paredes.

El motivo del fracaso del plan es el rechazo de Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar) a pagar al principal acreedor de Juliana, el Banco Popular, 20,2 millones de euros que la entidad financiera perderá tras la cancelación del buque sísmico 535. En contra de lo que suele ser habitual en el proceso de construcción de barcos, la entidad financiera concedió a Factorías Juliana ese dinero sin el correspondiente contraaval de Pymar. Un riesgo que le puede salir caro. El Banco Popular quiere ahora recuperarlo todo y Pymar se niega, con lo que la entidad financiera se muestra reacia a aprobar un convenio de acreedores con una quita del 79% de la deuda, lo que supondría la renuncia a casi 16 millones de euros de los 20,2 citados.

La situación se complica aún más porque Pymar tampoco ha dado su conformidad al Banco Popular para que apruebe el convenio de acreedores, con lo que, si la entidad financiera vota a favor del convenio, perdería el derecho a reclamarle a Pymar otros 22,43 millones de euros en su condición de contraavalista.

Se da la circunstancia de que la compra de las instalaciones en un proceso de liquidación era precisamente la opción que había barajado inicialmente Armón. Fueron precisamente los planes de Pymar los que impulsaron un plan para que la compra de los activos se llevara a cabo sin la disolución de Factorías Juliana, ante el riesgo de que de rebote provocara el cierre de su empresa matriz, Factorías Vulcano. Ahora Pymar ha cambiado de idea, al dudar de la viabilidad de Factorías Vulcano, según explican responsables sindicales. De hecho, el consejo de administración de Pymar rechazó el pasado miércoles conceder un crédito de 21 millones de euros a Factorías Vulcano para que pudiera terminar de construir el buque sísmico 533. De esos 21 millones, el organismo controlado por el Ministerio de Industria sólo costearía algo menos de 5 millones de esa cantidad, ya que la Xunta de Galicia iba a entregar a Pymar 16,5 millones de euros entre 2010 y 2011. El buque 533 es uno de los sísmicos construidos parcialmente en Gijón y que han sido cancelados por el armador noruego PGS. Vulcano tiene comprador para ese barco, pero carece de dinero para terminarlo y Pymar no se lo va a facilitar.

Según responsables sindicales, el giro que ha dado Pymar se debe a la intención del Ministerio de Industria de permitir el cierre de algunos de los astilleros que atraviesan por apuros en España, entre ellos Vulcano, Juliana, Astilleros de Huelva y Sevilla. Se da la circunstancia de que estas factorías son dos de los antiguos centros de Izar privatizados, el de Gijón y el de Sevilla, y sus respectivos compradores, Vulcano y Astilleros de Huelva.

En el Ministerio de Industria evitaron ayer polemizar, limitándose a señalar a través de un portavoz que el Ministerio de Industria no figura entre los acreedores de Factorías Juliana, que son los que hoy tendrán la última palabra sobre su futuro y, de rebote, el de su empresa matriz.

Las dudas que han llevado a Pymar a dar marcha atrás en su plan para evitar la liquidación de Factorías Juliana y sus consecuencias sobre Vulcano tienen que ver también con la cancelación del buque sísmico 535, que obligará a devolver al armador PGS unos 45 millones de euros, incluidos intereses, que adelantó para su construcción. PGS no ha informado públicamente de esta cancelación, pero ya se la comunicó a Factorías Vulcano el pasado 22 de septiembre, según han informado varios medios de comunicación especializados y noruegos. El barco debía haberse entregado, de hecho, a finales de agosto como fecha tope.

El acuerdo de compraventa de las instalaciones de El Natahoyo al que habían llegado Vulcano y Armón ha quedado de este modo en agua de borrajas, al no haber dado aún su conformidad Pymar, según explican responsables empresariales.