M. C.
El titular del Juzgado de instrucción número dos de Gijón ha requerido a los dos acusados del desfalco en el despacho del notario Ángel Torres que depositen en el Juzgado 927.000 euros para cubrir la posible indemnización que tendrán que entregar al notario en el caso de que sean condenados. En el caso de que no cubran esa cifra, el Juzgado embargará sus bienes.
La Sección Octava de la Audiencia Provincial ha señalado para los próximos días 20, 21, 22 y 23 de junio la celebración de la vista contra los dos ex empleados del notario, después de que el Juzgado de instrucción hubiera acordado la apertura del juicio oral. A principios de 2008 el notario denunció ante la Policía el desfalco que durante varios años había sufrido su notaría, supuestamente cometido por dos empleados, que posteriormente fueron despedidos disciplinariamente, algo esto último que ratificaron los Juzgados de lo social. Uno de los ex empleados que se sentarán en junio en el banquillo de los acusados era el responsable de contabilidad de la notaría, y otra, una subordinada.
La defensa de los acusados niega los hechos, mientras que el fiscal solicita cuatro años de prisión para cada uno y una indemnización solidaria de 700.000 euros por un supuesto delito continuado de apropiación indebida. La fiscalía solicita esa indemnización para el notario en base a la valoración de los peritos judiciales de las cantidades supuestamente sustraídas de la caja.
La acusación particular ejercida por Ángel Torres, representado por el abogado Marcelino Abraira, eleva la petición de cárcel a ocho años para cada acusado y solicita una indemnización de 1,2 millones de euros, al contemplar otros supuestos daños causados al notario además de la sustracción del dinero en sí. La compañía que asegura a la notaría, Generali, también ejerce la acusación.
