A la Plataforma de Damnificados del Centro Asturiano, que reclama su "derecho" a usar las instalaciones del Real Grupo de Cultura Covadonga al entender que la fusión entre ambas entidades se consumó, le ha salido un oponente más allá del propio Grupo. La fiscalía se ha personado contra su demanda y dejó clara ayer su postura en el juicio, que quedó visto para sentencia. "No hay ninguna vulneración de derechos fundamentales porque los demandantes no tienen derechos como socios del Grupo. Son socios del Centro Asturiano, no del Grupo Covadonga, porque la fusión no se ha perfeccionado", señaló ayer la fiscal haciendo suyos los argumentos de la defensa letrada de la directiva grupista. Es decir, el ministerio público entiende que la fusión requiere su inscripción en los registros, como se acordó como condición en las escrituras públicas del acuerdo.

La fiscalía cree que la absorción del Centro Asturiano por el Grupo no se consumará mientras no se cumpla esa condición, para lo que la entidad de Las Mestas debería desaparecer del registro de asociaciones, algo que le ha sido negado hasta el momento. "Por la razón que sea, las partes otorgaron en escritura esa condición suspensiva, suscrita por ambas libremente", destacó la fiscal, que añadió además que "el Centro Asturiano sigue funcionando y tiene personalidad jurídica propia".

Sin embargo, la magistrada titular del Juzgado de primera instancia número dos, Covadonga Pajín, tendrá la última palabra sobre la demanda de la plataforma de socios del Centro Asturiano. Piden la nulidad de la parte de las escrituras que incluye esa "condición suspensiva" de inscripción en los registros. De lograrlo, la ejecución de la fusión sería obligada al no depender de su registro y el Grupo debería reconocer a los socios del Centro Asturiano como integrantes de su masa social.

El abogado de la plataforma argumenta la nulidad de esa "condición suspensiva" acusando a la directiva del Grupo de "mala fe" al "incluir en la escritura de fusión la necesidad de inscribir la disolución" del Centro Asturiano. Y agregó: "El Grupo se empeña en decir que el Centro Asturiano tiene que disolverse para la fusión porque así es imposible que se haga, dado que sus estatutos establecen que en caso de disolución debe donar su patrimonio a los pobres de Gijón". Un hecho que imposibilita la absorción del patrimonio de la entidad de Mareo por parte del Grupo.

Asimismo, la defensa de la plataforma insinuó ante la juez que Garrigues, el despacho asesor del Grupo, guió "el papeleo" para que la inscripción de la fusión fuese "mal solicitada" y lograr así, "con muy malas artes", que fuese denegada.

José María Muñoz Paredes, abogado del Grupo, recordó por su parte que las escrituras fueron "consentidas libremente por ambas partes" y que "fueron los abogados del Centro Asturiano los que guiaron todo el proceso de fusión".

Respecto al hecho de que la escritura que pretende anular el grupo de socios del Centro Asturiano fuese suscrita también por la directiva de su entidad, la parte demandante se limitó a señalar que "lo sorprendente es que Marco Tuñón (presidente del Centro Asturiano) tragase con esa rueda de molino".

La directiva del Centro Asturiano también fue demandada por parte de la plataforma de socios a instancias de la juez. Sin embargo, Tuñón se declaró en rebeldía procesal al alegar que el Centro Asturiano y, por consiguiente, su directiva no existen. Así, no compareció en la vista.

Sí lo hicieron Enrique Tamargo, presidente del Grupo; su director general, Jesús Martínez, y su secretario, Armando Menéndez. Los tres insistieron en la condición indispensable de la inscripción de la fusión para la absorción del patrimonio del Centro Asturiano y negaron que a lo largo del proceso de fusión llevasen en algún momento la gestión de la entidad de Mareo. Aunque sí permitieron en 2011 la "entrada temporal" de los socios del Centro Asturiano a las instalaciones grupistas "a la espera" de que la fusión se inscribiese en los registros. Sin embargo, tras "considerar el rechazo en firme de los registros a la inscripción", además de percatarse de que "la directiva del Centro actuaba a nuestras espaldas", frenaron el proceso de fusión, deshicieron la comisión que lo guiaba y prohibieron la entrada a los socios del Centro Asturiano.

Ahora, un grupo de esos socios de la entidad de Mareo pretende con este juicio que les vuelvan a permitir el uso de las instalaciones grupistas. Para ello tendrán que derrotar judicialmente al Grupo Covadonga y a la fiscalía.