La causa abierta en la Audiencia Nacional por las supuestas irregularidades en la obra de ampliación de El Musel dio esta semana un nuevo paso con las declaraciones de los dos exdirectivos que estaban al frente de la Autoridad Portuaria de Gijón cuando se ejecutó la ampliación. Dos largas declaraciones, que prestaron como imputados Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato -aunque no han sido acusados formalmente de ningún delito concreto- y en las que, además de dar explicaciones sobre su gestión, derivaron a instancias superiores la responsabilidad en la toma de decisiones sobre la obra y los sobrecostes en los que incurrió.
Bajo la presidencia de Fernando Menéndez Rexach en la Autoridad Portuaria de Gijón, entre mediados de 2004 y de 2011, se adjudicó, se ejecutó y se inauguró la obra de ampliación y se aprobaron los sobrecostes. Se adjudicó en 499 millones de euros, sin incluir IVA y se acabó pagando por ella 708,78 millones, incluyendo sobrecostes y actualización de precios. Una cifra inferior a la que se preveía en 2007, cuando se modificó el proyecto de la obra con un máximo de 216 millones de sobrecostes al final de la misma, en su mayor parte por aumentos en los precios de obtención de los materiales.
En su declaración en el juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Menéndez Rexach señaló que no tenía capacidad de decisión sobre las cuestiones relativas a la obra de ampliación y que nunca actuó de "motu propio", sino que las decisiones se adoptaron en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y por unanimidad. Así lo explicó su abogado, Agustín Azparren, al término de su comparecencia.
También apuntó hacia arriba, pero en otra dirección, el exdirector de la Autoridad Portuaria y de la obra de ampliación, José Luis Díaz Rato, quien dijo al juez que la decisión de pagar sobrecostes se adoptó a primeros de 2006 en una reunión en el Ministerio de Fomento con directivos de las empresas constructoras y con dos altos cargos ministeriales; el exsecretario general de transportes y el expresidente de Puertos del Estado. Ninguna de las acusaciones, ni el fiscal, ni la acusación popular, ni la particular y tampoco la abogacía del Estado, le pidieron detalles de esa reunión. Fue su abogado defensor, Viliulfo Díaz, quien tras la declaración dio algunos nombres ante los medios de comunicación; los de Fernando Palao y Mariano Navas, quienes ocupaban aquellos cargos en el Ministerio de Fomento.
El planteamiento de la defensa de Díaz Rato es que el exdirector portuario recibió la orden de pactar los sobrecostes con la UTE Dique Torres, una decisión que Díaz Rato había atribuido en una entrevista anterior con este diario a la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez. Ese planteamiento ha sido negado por Palao, quien sostiene que ni él ni Navas podían dar órdenes a los directivos portuarios y que nunca participó en reuniones "con la gente de la UTE" .
Viliulfo Díaz se ratificó ayer en la existencia no de una, sino de dos reuniones "en una sala contigua al despacho de Fernando Palao en el Ministerio de Fomento", si bien matizó que tuvieron lugar en el último trimestre de 2005. La primera de ellas para analizar un modificado técnico y en la segunda fue en la que los altos directivos de las empresas constructoras se plantaron, diciendo que con los precios fijados en el proyecto incurrirían en "pérdidas inasumibles por los pedraplenes y las escolleras", según el abogado.
A esa reunión, agregó el letrado, además de Palao, Navas y Díaz Rato, también asistieron el expresidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach y altos directivos de los grupos empresariales que integraban la UTE Dique Torres: Juan Ernesto Pérez Moreno, adjunto al presidente de Dragados, un directivo de Drace (ambas empresas del grupo ACS); Rafael Martín de Nicolás, director general de construcción nacional de OHL (grupo al que pertenece Sato); Francisco García Martín, director general de FCC Construcción y Maximino Gorostiza Méndez, gerente de Alvargonzález Contratas, sostiene Viliulfo Díaz.
La elevación de responsabilidades en la obra de ampliación de El Musel es sólo una de las líneas argumentales de las defensas de los exdirectivos. Su planteamiento principal es que no ha habido actuaciones delictivas, sino en todo caso, irregularidades administrativas y que la obra está bien hecha. También aluden a inexactitudes, errores y malas interpretaciones en el informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) -que dio pie a las actuaciones de la Audiencia Nacional a raíz de sendas denuncias de la Fiscalía Anticorrupción y de Ocan, asociación asturiana vinculada a Podemos- así como también en el informe elaborado por dos interventoras de la IGAE a petición del juez, que aprecia supuestas irregularidades en la contratación, adjudicación y ejecución de la obra, incluyendo los sobrecostes.
Además, las defensas también sostienen que la UE no puede exigir a España que devuelva los 247,5 millones de euros con que subvencionó la obra de ampliación, en base a las recomendaciones de la OLAF, porque "eso está prescrito", indicó el letrado.
Otro de los argumentos de las defensas son los sucesivos parabienes que recibió la tramitación de la obra por parte de la Abogacía del Estado en Asturias y con dos informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en 2008 y 2012.
Unos planteamientos que han cambiado después de la investigación de la OLAF, que cruzara la información que le suministraron los propietarios de canteras y los camioneros con los datos que le facilitó la Autoridad Portuaria, sin llegar a tener acceso a la contabilidad detallada de la obra, que no le entregó la UTE Dique Torres.
La OLAF concluyó que a la par que Dique Torres cobraba cuantiosos sobrecostes por el encarecimiento de los materiales de construcción, supuestamente se había asegurado la mayor parte de los materiales necesarios para la obra sin contraprestación económica directa a cambio, tras varios contratos con Tudela Veguín, de alguno de los cuales al menos tuvo conocimiento la Autoridad Portuaria.
Un informe de la sección penal de la Abogacía General del Estado y otro de la unidad de la IGAE adscrita a la Fiscalía Anticorrupción instaron a investigar la existencia de supuestos delitos en torno a la ampliación, tras analizar la documentación de la OLAF.
Los directivos portuarios también se apoyan en informes, como en la peritación elaborada por American Appraisal para la Autoridad Portuaria, que tasó el valor de la ampliación en 92,38 millones de euros más de lo que costó.
La ronda de declaraciones en la Audiencia Nacional continua el 7 de julio, con la comparecencia del tercer imputado, Juan Miguel Pérez Rodríguez; exgerente de la UTE que firmó contratos con Tudela Veguín.
