El fiscal pide imputar a Riego y a cargos de Tudela Veguín por la obra del Puerto

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que instruye el caso de El Musel en la Audiencia Nacional que cite a declarar como imputados al exalcalde de Carreño y exconsejero del Puerto, Manuel Ángel Riego González, y a varios directivos de Tudela Veguín y de la UTE Dique Torres.

Junto a Riego, el fiscal también quiere que declare quien en la época de la obra era el director general de Tudela Veguín, José Antonio Muñiz Muñiz (que firmó los acuerdos con Dique Torres), así como "otras personas que hayan ejercido como consejero delegado o apoderados de la entidad Tudela Veguín S.A., luego Corporación Masaveu S.A., entre los años 2005 a 2010", según su escrito oficial. Por parte de Dique Torres, solicita que declaren como imputados los exgerentes David López Navarrete e Isidro Alonso Sierra (el contable), quienes no comparecieron a declarar como testigos.

Si el juez acepta, se sumarán a los tres cargos que han declarado como imputados hasta la fecha; el expresidente y el exdirector de El Musel, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato y otro exgerente de Dique Torres, Juan Miguel Pérez Rodríguez. Mientras las defensas consideran que tras esas declaraciones ha quedado todo aclarado y piden archivar la causa, la postura del Fiscal es la contraria: Las diligencias practicadas hasta la fecha han reforzado los indicios de supuestos delitos "tanto en la fase de adjudicación del contrato de obras relativo al Proyecto de Ampliación del Puerto de Gijón, como en la ejecución del contrato de obra pública y el posterior modificado del proyecto" que aumentó el presupuesto en 251 millones.

El fiscal solicita las nuevas imputaciones en dos escritos. En uno, aprecia en Riego "conductas contradictorias" entre sus decisiones como consejero portuario y como Alcalde, que podrían traducirse en un supuesto delito de prevaricación. Esas decisiones contradictorias pudieran "implicar una directa responsabilidad en la posible arbitrariedad en las resoluciones unánimemente adoptadas por la Autoridad Portuaria de Gijón a la hora de adjudicar el contrato y en su modificación posterior" o en las resoluciones del Ayuntamiento de Carreño respecto a una cantera de Tudela Veguín y al Alto de Aboño.

Como consejero, Riego votó en 2004 a favor de la adjudicación de la obra a Dique Torres, con un proyecto que planteaba explotar una cantera en el Perecil. Siete meses después, con la obra iniciada, el Ayuntamiento de Carreño bloqueó la apertura de la cantera. En 2007, Riego aprobaba en el consejo los sobrecostes por "dificultades sobrevenidas".

Respecto al Alto de Aboño, el fiscal cree avalada la tesis del expropiado José Prendes, de que el Puerto expropió el Alto de Aboño para obtener material para la obra. El consejo aprobó en mayo de 2005 modificar el Plan de Usos de Espacios Portuarios para incorporar al mismo el Alto de Aboño, mientras que el Ayuntamiento de Carreño bloqueó su desmonte en los tribunales.

En ese escrito pide citar como imputado al exgerente de la UTE David López Navarrete dado que fue el gerente que solicitó un segundo modificado del proyecto por sobrecostes de los materiales, petición rechazada por el Puerto, tras lo que Dique Torres ha planteado una demanda reclamando 350 millones de euros.

El fiscal pide citar como testigos a los tres investigadores de la OLAF cuyo informe dio pie a la denuncia de la fiscalía. También reclama que la empresa ICA Siglo XXI, que almacena la información contable de Dique Torres, la aporte al juzgado para cruzarla con los informes de la asistencia técnica a la dirección de obra, la UTE Cabo Torres.

El fiscal también alberga dudas sobre la información remitida al juez por el Puerto, pidiendo que peritos del IGAE aclaren si le envió el expediente íntegro de la obra o "ha elaborado un expediente ad hoc", entre otras cosas.

En un segundo escrito, el fiscal se suma a la petición de la Abogacía del Estado para ampliar la investigación a un supuesto delito fiscal, por la supuesta realización de trabajos por Dique Torres para Tudela Veguín, sin facturarlos. Ese supuesto pago en especie fue valorado por directivos de Dique Torres en 80 millones de euros. Por las supuestas irregularidades en el IVA y en el impuesto de sociedades de los años 2009 y 2010, cita a declarar a los directivos de Tudela Veguín, al exgerente de la UTE Juan Miguel Pérez y al contable, Isidro Alonso Sierra.