El valor actual de mercado de una finca comprada por 3,95 millones de euros hace más de una década para desarrollar el plan de Castiello se ha quedado en algo más de 67.000 euros. Esa es al menos la tasación que ha hecho Promociones Moro (Promosa), histórica empresa del sector gijonesa que se encuentra en proceso de liquidación tras la anulación del Plan General de Ordenación (PGO). Terrenos comprados hace más de una década por la empresa a 257 euros el metro cuadrado, tienen un valor real ahora de 4,4 euros el metro cuadrado, esto es, 58 veces menos. Igual proporción entre lo pagado y el valor actual de mercado se da en otras fincas de Promosa en Cabueñes y en Granda.
La empresa entró hace unos meses en concurso de acreedores con un pasivo de 28 millones de euros, que vinculó a la anulación del PGO. Ahora, la administración concursal ha presentado al juzgado de lo mercantil número 3 de Asturias, con sede en Gijón, el plan de liquidación de los bienes de la empresa para satisfacer en la medida de lo posible a los acreedores. Los precios de adquisición de los activos inmobiliarios de la firma suman algo más de 44 millones de euros, pero Promociones Moro cifra su valor de mercado en 17,11 millones. Unas depreciaciones que afectan, entre otros, a terrenos que han perdido el carácter urbanizable tras la anulación del PGOU de 2005 y también a otros terrenos y edificaciones que se han depreciado por el desplome del mercado inmobiliario.
La administración concursal hace especial referencia en el plan de liquidación a los terrenos en la zona de Castiello (en las parroquias de Castiello de Bernueces y de Ceares) depreciados sustancialmente con la anulación del PGOU de 2005 por la sentencia del Tribunal Supremo de hace un año. La administración está estudiando el ejercicio de acciones judiciales contra los anteriores propietarios de esos terrenos, pasa reclamar la retroacción de la venta alegando la anulación del PGOU "unido al alto precio de compra y el contenido de las cláusulas establecidas en las distintas operaciones de adquisición, que contemplaban la variación de los precios de compra, en función del índice de edificabilidad bruta definitivamente aprobada por el PGOU".
La propia empresa ya había emplazado en 2013 a los antiguos propietarios para devolverles sus terrenos y recuperar lo pagado, en un momento en el que la anulación judicial del PGOU de 2005 aún no era firme. Ahora la administración concursal estudia dar el paso siguiente y pleitear para recuperar más de 11 millones de euros desembolsados en fincas del fallido plan de Castiello.
Las depreciaciones de los bienes estimadas por la empresa no sólo afectan a las fincas que han perdido su potencial edificable. La inmobiliaria gijonesa también acusa la caída del sector, declarando por ejemplo una depreciación del 36,10% en un solar urbanizable del desarrollo de Sogepsa en Nuevo Roces. Un exponente del desplome que sufrió el sector son los 51 pisos sin vender del Edificio Alameda, también en Roces, valorados junto a sus dos locales y 100 plazas de garaje en 5,2 millones de euros, un 22% menos que los 6,72 millones contabilizados como "precio de adquisición". Este inmueble, junto a locales comerciales y plazas de garaje distribuidos por diversas zonas de la ciudad, forman parte de los activos ubicados en Gijón a liquidar junto a las fincas que se detallan en el gráfico adjunto.
Aunque la mayor parte de los activos inmobiliarios que se van a liquidar están en Gijón, la empresa también cuenta con terrenos en otros concejos de Asturias, la mayor parte de ellos también depreciados. Es el caso de los que tiene en el concejo de Llanes, afectados por la anulación de su PGO. Así, 24 fincas adquiridas en Celorio en 3,47 millones de euros, las valora ahora en 1,05 millones. Otra finca en el parque fluvial de La Barquerina, en Villaviciosa pasó al Sareb, un terreno en Obispo Tiñana (Siero) comprado en 4,9 millones lo tasa ahora en 3 millones, también deprecia otras fincas en Lugones y Avilés (entre ellas una en la parroquia de Miranda, que tasa a un tercio de su precio de compra). Estima, por contra, que las siete parcelas que adquirió en La Espasa (Caravia) para hacer chalés se han revalorizado en 50.000 euros, hasta los 700.000 en que ahora las tasa.