Poco más de un mes de plazo tiene la Intervención General del Ayuntamiento para concretar el plan económico-financiero que impone la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera a quienes, como ha sido el caso de Gijón con respecto al presupuesto consolidado de 2015, incumpla la regla de gasto fijada por el Ministerio de Economía a partir de la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo. En el caso de Gijón el incumplimiento fue sobrepasar en 1,2 millones el tope de gasto en el global de las entidades municipales. El Ayuntamiento, como tal, sí cumplió con ese techo en el gasto computable. Fueron sus organismos autónomos y empresas municipales, con especial incidencia de Divertia, quienes se pasaron del tope estipulado desequilibrando el resultado final del Grupo Ayuntamiento.
La normativa actual establece el plazo de un mes para presentar ese plan económico-financiero a partir de la constatación del incumplimiento. La irregularidad se dio a conocer a la Corporación este jueves en una comisión especial de cuentas. Allí se aprobó la Cuenta General de 2015 con el voto a favor de Foro y la abstención de los representantes de los grupos de la oposición. Hay quien entiende que esa constatación se concreta con el paso de esa cuenta general por el Pleno, previsiblemente a principios de junio.
Es el Pleno, además, quien tiene que aprobar el plan económico-financiero, que debe remitirse también para su supervisión a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF). Y luego a la consejería de Hacienda del Principado de Asturias como entidad tutelante. El Principado tiene dos meses para dar el visto bueno a un informe que debe hacer referencia a los ejercicios 2016 y 2017. Su papel durante los siguientes meses es hacer seguimiento de su cumplimiento.
A partir de un análisis del escenario actual, el plan económico-financiero debe plantear los ajustes a desarrollar en los próximos meses para conseguir el cumplimiento de esa imposición legal. La ley establece que ese plan desvele las causas del incumplimiento, haga previsiones tendenciales de ingresos y gastos y fije una "descripción, cuantificación y calendario de aplicación" de las medidas decididas para regular la situación económico de la administración. En el caso de Gijón estos ajustes complican una situación de por si complicada desde inicios de año por la prórroga presupuestaria y las constantes modificaciones del presupuesto.
Y es que no sólo se trata de las limitaciones técnicas a tener en cuenta. También está la duda entre los concejales a la hora de emitir su voto en modificaciones presupuestarias como las que ayer mismo se llevaron a votación en las juntas rectoras del Patronato Deportivo Municipal y la Fundación Municipal de Servicios Sociales.
Oviedo en 2014
La imposición de un plan económico-financiero por incumplimiento de la ley de estabilidad no es nueva entre las corporaciones asturianas. Hay una quincena de pequeños municipios que lo tienen y que deben rendir cuenta de ellos al Ministerio de Hacienda. De los tres grandes ayuntamientos de Asturias -cuya tutela corresponde al Principado- a Oviedo fue el primer en imponerse esos ajustes por incumplir la regla de gasto en 2014. En ese sentido, la ejecutiva de la Federación Asturiana de Concejos, de la que forma parte Carmen Moriyón, mostró ayer su "disconformidad" con el cuestionamiento de la situación financiera de Gijón. Un cuestionamiento extensivo a Tineo por sobrepasar el presupuesto de 2014. La FACC entiende que "la imagen negativa que se ha proyectado no se ajusta a su realidad, Gijón cumple con los parámetros legales en volumen de endeudamiento, pago a proveedores y remanente de tesorería y tan solo no se ajusta al techo de gasto, cuyo modelo de aplicación ha sido rechazado por la Federación de Municipios".
