La defensa de José Luis Díaz Rato ha aportado al juzgado una carta remitida el 4 de noviembre de 2008 por el presidente de Hidroeléctrica del Cantábrico, Manuel Menéndez, al entonces presidente del Puerto, Fernando Menéndez Rexach, en la que señala "esta compañía adoptó la decisión de iniciar las obras de la desulfuradora de la central térmica de Aboño, previos los trámites de licitación correspondientes, a comienzos de 2005". La defensa mantiene que el problema con la cantera de Aboño se produjo después de la adjudicación de la obra, a pesar de que la licitación de la desulfuradora se publicara en el BOE con anterioridad al acuerdo entre el Puerto y HC para la explotación de la cantera de Aboño, condicionado a las necesidades que tuviera la eléctrica de esos terrenos. En ese acuerdo se aludía a proyectos de nuevos grupos térmicos para esos terrenos, que entonces tramitaba HC y que acabó desechando o "para cualquier otra finalidad".

La defensa apoya su postura en varios informes del Abogado del Estado y en informes técnicos y también ha solicitado que se cite a declarar como testigos a 16 cargos y excargos de HC, Tudela Veguín, Puertos del Estado, el Ministerio de Fomento, la ingeniería Typsa (que hizo el control de obra) y la consultora American Appraisal.