El titular del juzgado de lo mercantil número 3, con sede en Gijón, Rafael Abril Manso, dictó ayer el auto mediante el que declaró en concurso voluntario de acreedores a Asturiana Galvanizadora (Agalsa) con un pasivo de 11.978.969,36 euros. El magistrado también ha nombrado como administradora concursal a la abogada de Badalona (Barcelona) Carmen Fernández Sánchez, persona con diltatada trayectoria en la gestión de este tipo de situaciones y más de 20 años de experiencia en derecho mercantil y concursal, gestionando más de 150 concursos de acreedores.

Agalsa había solicitado el pasado 13 de febrero al juez que la declarara en concurso de acreedores al fracasar las negociaciones con Sogepsa sobre los 4,5 millones de euros que le adeuda por la compra de una parcela. Sogepsa es el principal acreedor de la empresa gijonesa.

La administradora nombrada ayer por el juez es la misma que fue administradora judicial en la "Operación Crucero", instada contra los antiguos propietarios del Grupo Marsans. Otras de las empresas relevantes bajo control judicial directo que administró fueron los casos del Banco de Madrid, Mecrimar o Industrias Duero, todas ellas con expedientes de regulación de empleo que afectaron a más de 200 trabajadores.

El auto judicial no hace referencia a la solicitud de liquidación de Agalsa presentada por la dirección de la empresa. "El auto del magistrado se limita a la declaración del concurso, lo que permite aventurar desde un primer momento que el objetivo prioritario de la administración judicial debe ser poner en marcha cuantas negociaciones sean posibles con los acreedores para intentar conseguir mantener en funcionamiento la empresa, evitar el despido de los trabajadores y lograr la viabilidad de pago de la deuda, dejando como último recurso su liquidación y cierre", señaló ayer el TSJA en un comunicado.

La administradora concursal tiene ahora un plazo de cinco días hábiles para aceptar el cargo y dos meses para elaborar un informe sobre la situación de la sociedad, que será clave para decidir si Agalsa tiene alguna posibilidad de viabilidad como defienden los trabajadores o si acaba en liquidación, como prevé la dirección de la empresa.

La administradora concursal también tomará las riendas respecto al ERE para la extinción de todos los contratos que ha presentado la dirección de la compañía y que actualmente se halla en el periodo de consultas de un mes establecido por la ley. El comité de empresa de Agalsa espera a que la administradora concursal tome posesión del cargo para ponerse en contacto con ella y pedirle que trate de buscar un inversor que compre la empresa, en vez de liquidarla.

Los trabajadores de Agalsa, que anteayer mantuvieron un encuentro con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, para recabar su apoyo, se reunirán el próximo lunes por la tarde con el consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado, Francisco Blanco.

El secretario general de MCA UGT en Asturias, Jenaro Martínez, pedirá a la Consejería de Empleo que busque una solución de futuro a Agalsa, "que garantice la continuidad de la actividad y el empleo", al considerar que "la factoría es viable, puesto que tiene carga de trabajo y un activo mayor que el pasivo".

Agalsa ha entrado en concurso de acreedores al no poder hacer frente al pago de sus deudas después de que una sentencia judicial le obligue a abonar 4,5 millones de euros a Sogpesa. La dirección de Agalsa intentó negociar una salida con la presidenta de Sogepsa y consejera de Infraestructuras, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Belén Fernández, que acabó sin acuerdo. Ahora UGT pone sus miras en el consejero de Empleo, Francisco Blanco. MCA-UGT también espera que los propietarios de la compañía cambien de criterio y apuesten por la viabilidad de la firma.

Agalsa, empresa destacada a nivel nacional y europeo en el sector de galvanizados, cuenta con una cartera de clientes que abarca los sectores de la construcción, minería, naval, estructuras metálicas, ferrocarriles e industrial y con servicio logístico propio. La compañía es propiedad de un grupo empresarial catalán.