La magistrada Carmen Lamela, encargada del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, dictó esa mañana un auto mediante el prorroga durante seis meses la instrucción de caso de las supuestas irregularidades en la obra de ampliación de El Musel. La prórroga es inferior en dos meses a la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado prolongar la investigación judicial durante ocho meses.
Se trata de la segunda prórroga decretada por la magistrada, que el 30 de mayo de 2016 ya había declarado como compleja la causa, lo que permitía alargar la instrucción hasta hoy. Ahora, con esta segunda prórroga, la fecha prevista para concluir la instrucción pasa a ser el próximo 6 de diciembre, salvo que para entonces falten pruebas por practicar, ante lo que las partes podrían pedir una nueva prórroga.
En la decisión de extender la investigación seis meses más, la magistrada tuvo en cuenta "las diligencias que faltan por concluir, y el tiempo de instrucción invertido en la presenta causa, la cual se encuentra abierta desde el año 2014".
La investigación judicial del "caso Musel" se inició a raíz de sendas denuncias formuladas por la Fiscalía Anticorrupción y por el Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (que ejerce la acusación popular). Se investigan sendos delitos contra la administración pública por malversación de fondos públicos, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, faltando aún por entregar al juzgado documentación solicitada a empresas y a la Administración, así como por la práctica de declaraciones tanto hoy como el próximo jueves.
Ocan, la Asociación de Vecinos de San Lorenzo del Alto Aboño (que ejerce la acusación particular) así como las defensas de Maximino Gorostiza y José Avelino Castañón se habían mostrado favorables a la petición del fiscal de prolongar ocho meses la instrucción de la causa, mientras que la defensa del exdirector del Puerto, José Luis Díaz Rato, se opuso.
Las supuestas irregularidades las destapó la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), quien concluyó que se había producido un supuesto fraude en connivencia entre la Autoridad Portuaria y la adjudicataria de la obra, la UTE Dique Torres, integrada por dos empresas del grupo ACS (Dragados y FSP), por FCC Construcción, Sato (grupo OHL) y Alvargonzález Contratas.
El fiscal sostiene que hubo supuestas irregularidades en la licitación, adjudicación, ejecución y aprobación de los sobrecostes de la obra de ampliación de El Musel.
Desde primera hora de esta mañana produjeron declaraciones de investigados en el "caso Musel", que han concluido hacia la una de la tarde. La magistrada había citado para hoy a Juan Ernesto Pérez Moreno, adjunto al presidente de Dragados en la época de la ampliación portuaria; Francisco García Martín, entonces director general de FCC Construcción; Maximino Gorostiza, entonces director gerente de Alvargonzález Contratas; José María López Piñol, entonces director de Obra Civil de Dragados; Octavio del Real, entonces director de participadas de Dragados y Juan Miguel Pérez Rodríguez, exgerente de la UTE Dique Torres. Sus nombres aparecían en una agenda del expresidente de Puertos del Estado, Mariano Navas, sobre una reunión que tuvo lugar en el Ministerio de Fomento poco antes de que la Autoridad Portuaria de Gijón comenzara a pagar sobrecostes por la obra de ampliación.
Para el próximo jueves están citados a declarar como imputados: Rafael Martín de Nicolás, por entonces consejero delegado y miembro del Consejo de Administración de OHL; Joaquín Jiménez, entonces director de obra civil de OHL y miembro de su comité de dirección y a Javier Lázaro Esparta, en aquella época subdirector del Área I de FCC Construcción. Para esa misma fecha también han sido citados a declarar como testigos el directivo de Ferrovial Joaquín Ayuso y el catedrático de energía hidráulica de la Universidad de Granada, Miguel Ángel Losada.
