El Ayuntamiento de Gijón tendrá diez años más que sus socios de Gijón al Norte -el Ministerio de Fomento y el Principado de Asturias- para hacer frente a sus compromisos económicos con el reformulado plan de vías, que suman 90 de los 360 millones que debe afrontar la sociedad. Además, el nuevo convenio garantiza un trato especial al Ayuntamiento en cuanto a sus desembolsos anuales "teniendo en cuenta sus limitaciones presupuestarias" y con un máximo de seis millones. Esta singularidad es motivo de satisfacción compartida por los grupos políticos del Ayuntamiento dada la compleja situación económica del Ayuntamiento, que el próximo día 21 hará público el plan económico de ajustes a dos años que le impone la ley tras el incumplimiento de la regla de gasto en la ejecución del 2017.

El cuadro de financiación que se fija en el convenio cierra en 2024 el plazo de aportaciones para Adif y el Principado, mientras que para Gijón se prolonga hasta 2034. Los primeros desembolsos municipales serían de 385.000 euros este año y 1,4 millones el año que viene. A partir de 2020 y hasta 2033 la aportación anual del Ayuntamiento es de seis millones. El último pago, en 2034, quedaría en 4,2 millones. Unos números muy diferentes a los del Principado que también debe desembolsar 90,05 millones como responsable de otro 25% de la sociedad. El Principado repite cifras del Ayuntamiento los dos primeros años pero en los cinco siguientes asume compromisos que van de los 8,7 a los 23,7 millones.

El Grupo Fomento asume el 50% de las obras de Gijón al Norte y, ya en solitario, los 140 millones de la estación de cercanías y los 313 de la prolongación del metrotrén hasta Cabueñes. Sumas que eleva a 814 millones el compromiso económico a futuro de las tres administraciones vinculadas al proyecto de integración ferroviaria de Gijón.

Este sistema de pagos del Ayuntamiento con el tope de seis millones era valorado ayer de manera positiva por el líder del primer grupo de la oposición, el socialista José María Pérez, quien defendía este sistema y quien también ve con buenos ojos que el convenio fije mecanismos de gestión ante posibles sobrecostes. El convenio establece que cualquier incremento económico debe ser aprobado por una comisión de seguimiento, informado previamente por los órganos de gobierno de las administraciones intervinientes que deben estar de acuerdo y, de ser superior al 20%, planteado expresamente como modificación al convenio.Control de sobrecostes

Control de sobrecostesPara Pérez este control es bueno para el Ayuntamiento "ante la incertidumbre sobre el coste final de la estación intermodal". El edil socialista recordó que, con la anterior estación "se empezó hablando de cien millones y se acabó en 330 y pico sin que se moviera un ladrillo. Si esa multiplicación por tres se diera esta vez se llevaría por delante las arcas municipales".

Tampoco le salen las cuentas de la estación a Aurelio Martín, portavoz de IU, quien sigue entendiendo que el cambio de ubicación hacia el entorno del Museo del Ferrocarril encarece la construcción "pero el proyecto estará en breve a licitación y saldremos de dudas. A estas alturas de la película hay que pasar de las palabras a los hechos". Lo que gusta a Martín es esa "tarifa plana de seis millones que no hipoteca las cuentas del Ayuntamiento" y el compromiso de prolongar el metrotrén hacia La Calzada "como reivindicamos nosotros y el movimiento vecinal".

Para el portavoz municipal del Partido Popular, Pablo González, ese sistema de financiación supone que "el gobierno central rescata en la práctica al Ayuntamiento del incumplimiento de la regla de gasto ya que le permite pagar los 90 millones de inversión en cómodos plazos". Pero el edil popular va más allá a la hora de ponerle cifras a la buena nueva del impulso al plan de vías al entender que la obra generaría unos 2.000 empleos que harían recuperar a la ciudad los niveles de empleo anteriores a la crisis.

Además, González entiende que una vez concluida la obra, las tasas de riqueza y empleo en Gijón mejorarán entre un 5 y un 6 por ciento debido a la recuperación de la actividad económica, el aumento en las contrataciones y el incremento de la actividad turística. Y apuntó que las obras conllevarán un gasto en consumo directo de 4,8 millones de euros anuales.