El Ayuntamiento de Gijón prevé ingresar alrededor de cinco millones de euros menos por el impuesto de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana -conocida popularmente como plusvalía municipal- al poder aplicar este tributo sólo en los casos en los que la Administración logre demostrar que, en efecto, existió un incremento en el valor tras la venta del inmueble en cuestión. No ayuda encontrar soluciones el año de demora que lleva en el Congreso de los Diputados la ley que regula este impuesto y por el que claman ciudadanos y administraciones tras la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad del cobro la plusvalía en los casos en los que no existiese ganancia.
"En 2017 fueron alrededor de los 17 millones de euros los percibidos por la plusvalía municipal y en la previsión del Plan Económico Financiero para 2018 y 2019 se está considerando, por prudencia, que podamos ingresar un treinta por ciento menos por este impuesto", explica Ana Braña, concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Gijón, que urge a la elaboración de una ley que lleva más de un año de demora en el Congreso. No obstante, varios grupos municipales, como el PP y Ciudadanos, urgen a tomar medidas al respecto en beneficio de los ciudadanos, como devolver la plusvalía cobrada indebidamente de los últimos cuatro años.
"Estamos esperando a que exista un desarrollo normativo porque es una ley muy importante, puesto que cada día se produce este tributo, tanto en nuestro ayuntamiento como en toda España; la ausencia de esta ley genera incertidumbre tanto al ciudadano como a las administraciones", valora Ana Braña tras conocerse la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que deja claro a los ayuntamientos que sólo si logran acreditar el incremento del valor de la propiedad en cuestión podrán aplicar esta plusvalía. Una medida que en Gijón llevan aplicando desde el año pasado, tal y como defiende la propia responsable de Hacienda. "El año pasado comenzaron a paralizar las liquidaciones en los casos en los que el valor catastral era inferior al valor de la compra, pero siempre guiándonos por el valor catastral, no el valor del precio de mercado", explica Braña.
El escenario se repite a diario, advierten desde el Ayuntamiento, y son muchos los diferentes supuestos que existen al respecto de este tributo. De ahí la urgencia que demandan los municipios para saber cómo proceder. Ahora, en Gijón, lo hacen "con prudencia y a la expectativa". No obstante, sostiene, la reducción del treinta por ciento que dejarán de percibir puede tener menor impacto. "Son valores totales; la plusvalía se está incrementando porque se incrementa la actividad económica y la construcción y se venden más inmuebles y generamos más ingresos, es decir, lo que dejas de percibir por un lado la propia actividad económica te frena el descenso", añade Ana Braña.
La sentencia del TSJA también ha motivado las reacciones de otros grupos municipales en el Ayuntamiento. El Partido Popular, que apuesta por "la eliminación total de este impuesto", asegura que "es urgente" aprobar la ley que suprime la plusvalía en los casos en los que no hay un incremento de valor. "Hay que priorizar los intereses de los ciudadanos frente a los de partidos y ayuntamientos", asegura el portavoz popular Pablo González. La propuesta del edil popular pasa porque todos los grupos municipales insten a sus respectivos partidos "para que no se enreden en intereses o chantajes parlamentarios y pongan en el centro de sus propuestas los intereses de los ciudadanos, aparcando los suyos partidistas o incluso los de los Ayuntamientos". Además, por último, el portavoz popular recuerda que su grupo municipal tiene presentada una propuesta para eliminar por completo este impuesto en Gijón y que así "sea la primera de las grandes ciudades españolas en eliminar este injusto e impopular impuesto".
Por su parte, desde Ciudadanos critican el contenido de la proposición de ley para adaptar el impuesto de la plusvalía, cuya tramitación comenzó el pasado martes en el Congreso. Lo hacen en base al dictamen del Constitucional, que instaba a los Ayuntamiento a devolver la devolución de las cantidades cobradas cuando hubiese pérdidas en la venta del inmueble. A tenor de las modificaciones incluidas en la proposición de ley, "sus efectos retroactivos sólo serán hasta la fecha de la sentencia, por lo tanto, los contribuyentes que la hayan abonado indebidamente por haber tenido pérdidas antes del 15 de junio de 2017, no tienen derecho a que se le devuelva el dinero y se les haría tributar como si tuviesen ingresos", explican. Una circunstancia que para Ciudadanos es "inaceptable". "En ningún momento el Tribunal Constitucional recortó los efectos retroactivos y por lo tanto, deberían aplicarse, como en cualquier otra sentencia en materia tributaria y como ha pasado en otros casos similares, hacia el pasado, hacia los últimos cuatros años que todavía no han prescrito", afirma el concejal José Carlos Fernández Sarasola. Por último, desde Ciudadanos pedirán al Ayuntamiento que calcule los efectos que esta modificación tendrá para las arcas municipales, con los escenarios posibles, y que incluya esta previsión dentro del Plan Económico Financiero.