Inquilinos de las viviendas de Mina La Camocha, arropados por otras personas procedentes de Asturias, León, Cantabria, Madrid y País Vasco, se manifestaron ayer por las calles de Oviedo contra los "desahucios" y para reclamar que el Principado compre sus viviendas a la empresa minera en liquidación y se las revenda a un precio módico. La protesta comenzó en la plaza de la Escandalera.
Las viviendas, con más de 50 años de antigüedad, han sido tasadas entre 90.000 y 100.000 euros, precio que consideran abusivo sus inquilinos. El presidente de la Asociación de Vecinos de La Camocha, que fue trabajador durante décadas de la explotación minera ya cerrada, Herminio Torre Baragaño, puso como ejemplo lo acontecido en las viviendas de la empresa Hullera Vasco-Leonesa, en la localidad de Ciñera (León), como posible solución para el caso gijonés.
Los afectados de La Camocha acudieron el pasado jueves a Ciñera, donde, tras haber entrado hace años en concurso la Hullera Vasco-Leonesa, los administradores concursales plantearon vender las 170 viviendas de esa compañía. Al final, las acabó adquiriendo la Junta de Castilla y León y revendiéndoselas a sus antiguos inquilinos por cantidades que oscilan entre 7.000 y 12.000 euros por vivienda "y a los que no tenían dinero les dieron una renta vitalicia", explica Herminio Torre.
El presidente vecinal de La Camocha apuntó ayer que "pretendemos que el Principado tome conciencia, que las compre el Principado, Vipasa o quien sea, pero que tome conciencia. Le pedimos que tome la iniciativa, que haga lo que hizo la Junta de Castilla y León, que compre las viviendas y las ofrezca a los desahuciados a un precio asequible, tomando en consideración su situación familiar", señaló, para agregar que "este es un problema social de relevancia".
Mina La Camocha, en liquidación, mantiene 37 viviendas, y de 13 de ellas pretende desalojar a sus ocupantes, al considerar los administradores concursales que no han acreditado su derecho a ocuparlas. Las casas habían sido arrendadas por la mina a sus trabajadores y los que tienen derecho a ocuparlas son los antiguos mineros, que pagan entre 19,20 y 64,80 euros de renta anual.
Los administradores concursales intentan vender las viviendas, incluyendo las 22 que consideran ocupadas legalmente, tras lo que los inquilinos se tendrían que entender con los nuevos propietarios. Los dirigentes vecinales apuntan que a quienes están tratando de echar es a los familiares de los antiguos trabajadores, que pagan las rentas por esas casas desde hace lustros.
Los administradores concursales han presentado demandas de conciliación para que entreguen las llaves contra varios de los 13 inquilinos que consideran que ocupan las casas sin derecho a ello.
