Dos años y cuatro meses después de que se paralizaran por orden judicial las obras de la depuradora de El Pisón, la instalación ha comenzado a funcionar parcialmente, si bien en una parte menor de su capacidad, la relativa al desarenado y desengrasado de las aguas residuales. Se trata de unas funciones de pretratamiento que anteriormente se realizaban en la Plantona, donde se demolieron para integrarlas en la nueva depuradora.
Un auto e la Audiencia Nacional autorizó en septiembre del año pasado la puesta en servicio temporal de los equipos de desarenado y desengrasado, que evitarán el vertido al mar Cantábrico de 55 toneladas anuales de arenas y grasas. Esa autorización es temporal mientras se resuelve la tramitación ambiental que decidirá la ubicación definitiva de la depuradora del Este.
La Audiencia Nacional primero y luego el Tribunal Supremo anularon el estudio de impacto ambiental que se había hecho para la depuradora debido a que en el mismo no se había motivado adecuadamente la elección del Pisón.
El Ministerio encargó un nuevo estudio de impacto ambiental, pendiente de salir a información pública, que considera que la mejor ubicación para la depuradora del este es la actual, tras analizar varias alternativas en Peñarrubia, la Cagonera, el Rinconín y en La Reguerona. La tramitación para la declaración de impacto ambiental tardará alrededor de un año.
Mientras tanto, podrá estar operativo el desarenado y desengrasado, salvo que la Audiencia Nacional cambie de criterio en base al recurso contra esa medida que han interpuesto los vecinos de la cercana colonia de chalés de El Pisón, quienes emprendieron el pleito contra la instalación de la depuradora junto a sus viviendas que llevó a la paralización de las obras.
Aunque los jueces autorizaron en septiembre de 2017 la puesta en servicio del desarenado y desengrasado de la depuradora de El Pisón, su activación no fue automática. Primero hubo que rescindir el contrato con la empresa que ejecutaba las obras de la depuradora. La rescisión del contrato se aprobó el pasado 29 de junio por el Consejo de Ministros y a continuación se encargó a la sociedad pública Tragsa la puesta en servicio de ambos equipos de pretratamiento, fundamentales en el mantenimiento de la planta.
Los equipos comenzaron a funcionar el pasado miércoles y ya están siendo controlados por el personal de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA).
