"Una persona que está sufriendo problemas de salud mental que le impiden trabajar, que está sin ingresos, y a la cual se le acaba el contrato de alquiler sin posibilidad de renovación es un caso de urgencia evidente. Menos para los responsables del Principado". Ese fue el ejemplo que ayer hizo público la concejala Estefanía Puente, de Xixón Sí Puede, para denunciar los criterios restrictivos que se están imponiendo desde el Principado de Asturias a la hora de favorecer el acceso a viviendas de emergencia.
Puente rechazó que no se hubiera dado una vivienda a esa persona porque "su situación era previsible, como sugiere la denegación de la vivienda. Es algo incomprensible y evidencia la falta de sensibilidad del Principado ante estas situaciones de emergencia habitacional". Pero más grave aún, segura la edil gijonesa, es que "la denegación se basa también no haber solicitado todos los recursos para encontrar vivienda por parte de esta persona, como son los recursos que tienen los ayuntamientos. Este es un criterio de denegación que no se recoge en el Decreto 20/2013, y por lo tanto es una mera invención del Principado para denegar la vivienda de emergencia".
Puente responsabiliza directamente al director general de Vivienda, Fermín Bravo, y la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, a los que acusa de hacer "una política de fomento del sinhogarismo".
