La ampliación de la estación de lavado de coches de Viñao para incluir dos surtidores de gasolina con cuatro puestos de repostaje incumple el Plan General de Ordenación aprobado la semana pasada en el pleno municipal, según denuncian los vecinos de Viesques. No obstante, la instalación es legal ya que, explican los habitantes del barrio gijonés, se utilizó "un atajo legal" para su aprobación antes de la entrada en vigor del nuevo documento. "Algo muy similar a lo que se hizo con el PERI 100 que luego tumbaron los tribunales", apuntilló el portavoz de las decenas de vecinos afectados, Álvaro Fernández, en una rueda de prensa celebrada ayer en el Ayuntamiento, en presencia de todos los grupos municipales a excepción del equipo de gobierno forista.

Los afectados -varias urbanizaciones y chalés pegados a la instalación- amenazan con "acabar en la vía judicial" si fuera necesario, como explicitó su abogada, Laura Llano, que ya presentó varias alegaciones a la tramitación de las licencias de obra -aprobada el pasado año y ya comenzada- y de actividad -en curso-. De hecho, en primera instancia se paralizó la concesión de la licencia hasta aprobar el nuevo Plan General, pero finalmente se dio el visto bueno. La concejalía de Urbanismo se escuda en la ley de apoyo a emprendedores para justificar su decisión, ya que, estiman, esta tiene un rango mayor que el PGO gijonés.

Los vecinos, que ayer se manifestaron frente al Consistorio y ya han recogido un millar de firmas que próximamente entregarán al Ayuntamiento, aseguran que la instalación no cumple la distancia mínima exigida respecto a las viviendas. "Hay urbanizaciones a menos de 50 metros -la distancia mínima exigible- con decenas de vecinos y chalés pegados", explicó Fernández, que puso un ejemplo gráfico: "uno de los habitantes de un chalé no podría hablar por teléfono en su jardín al estar a menos de cinco metros de uno de los surtidores de gasolina".

También denuncian que los surtidores se encuentran a escasos metros de distancia del parque fluvial, "uno de los pulmones de la ciudad". Entienden los afectados que la instalación va a conllevar "más tráfico, incluso desde la autopista al funcionar como vía de servicio; más olores; más contaminación acústica; más impacto ambiental y un mayor riesgo" a vertidos, fugas o explosiones. Además, "no se hizo un estudio de impacto ambiental y no se abrió un plazo para las alegaciones".

Todo ello cuando, enfatizaron, "el Ayuntamiento apuesta por los vehículos ecológicos pero, a la vez, da licencias para gasolineras", aseverando que "no la necesitamos" ya que existe otra en el entorno de la plaza de toros. "No va a crear empleo porque va a ser en régimen de desatención, solo beneficia a la empresa", zanjan los afectados que ya adelantan que "vamos a ir hasta el final con todas las consecuencias en la lucha por nuestros derechos".