Un total de 596 familias gijonesas ya valoradas por los Servicios Sociales municipales al ser beneficiarias de ayudas de emergencia y apoyo a la integración (212) o de becas de comedor escolar para el actual curso (384) y que cumplen las condiciones de tener menores a cargo e ingresos inferiores al 60% de la tasa de umbral de riesgo de pobreza serán, en principio, las destinatarias de las denominadas ayudas a familias del Principado.
A Gijón le corresponden 334.600 euros del presupuesto autonómico para la concesión de esa prestación que se vincula al ejercicio económico de 2018 pero cuyo gasto tiene autorización hasta el 30 de junio. Las condiciones de esta ayuda indican que si la cantidad no es suficiente para asignar la cantidad de 700 euros a cada familia el "Ayuntamiento podrá efectuar un prorrateo de la misma". Una novedad que permitirá llegar a más familias pero no con la ayuda total de otras ocasiones. A partir de ahora, durante diez días, la Fundación Municipal de Servicios Sociales confirmará que las condiciones de las familias candidatas no hayan variado y se pondrá manos a la obra en el reparto de las ayudas.
Este tema pasó ayer por la Junta Rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales al igual que la aprobación de varias adendas a convenios plurianulaes con entidades sociales que suponen la autorización, para este ejercicio de 153.00 euros para Proyecto Hombre, 116.100 para Nacai como responsable de un piso de incorporación social y 315.000 euros para la Fundación Siloé como gestora de los proyectos Prometeo y de los centros de día Milani y Milsoles. En todos esos casos la Fundación había firmado con las entidades convenios plurianuales en 2017, que sumaron una adenda para su desarrollo en el pasado ejercicio y hacen lo propio para este 2019.
Por la junta rectora, y no sin polémica, pasaron los pliegos para contratar un servicio de vigilancia, sin armas, que proteja al personal de nueve dependencias de la Fundación. Se trata de la propia sede de la Fundación de Servicios Sociales en El Humedal, de los centros sociales de La Calzada, La Arena, Gijón Sur, El Coto, Contrueces, El Llano y El Natahoyo y el equipamiento que hay en la playa de Poniente. El contrato por dos años es de 455.000 euros (con impuestos). Hay opción a un tercero de prórroga.
Seguridad privada
El contrato salió adelante con los únicos votos de Foro. En contra votó IU y el resto de los grupos político se abstuvieron. Ana Castaño fue la más beligerante al entender que este tipo de seguridad -que ya se tenía- es cruzar una línea roja del concepto de atención social que tiene IU al estigmatizar a los usuarios de lo servicios sociales sobre los de otros servicios municipales. "Ni Avilés ni Oviedo tienen algo así", indicaba Castaño que considera, además, que el contrato se plantea tiene cierto punto de irracionalidad porque "el trabajo social no se hace sólo en las oficinas. ¿Van a poner un guarda con cada trabajadora que vaya a hacer una visita a casa?".
La larga y densa sesión de la junta rectora de Servicios Sociales también incluyó una propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo de la Fundación. Ajustes que la oposición entiende que son parches que no cubren las verdaderas necesidades de personal.
