Los asesores jurídicos del Ayuntamiento son quienes marcan ahora mismo el camino a seguir por la Fundación Municipal de Servicios Sociales en su relación con la concesionaria del servicio de ayuda a domicilio Una relación de la que se habló ayer en la comisión de Bienestar Social ante una pregunta de la edil de IU, Ana Castaño, sobre los incumplimientos de la empresa Aralia con las trabajadoras del servicio. Incumplimientos que IU considera "muy graves" y que tienen que ver con los compromisos incluidos en el pliego de condiciones de favorecer un descanso de 30 minutos y abonar 1.200 euros al año, divididos en dos pagas de 600 euros y vinculados a que no hubiera quejas de los usuarios sobre el personal.
El primer pago de 600 euros a las trabajadoras no se ha completado. Los asesores jurídicos del Ayuntamiento han planteado como estrategia que la Fundación notifique a la empresa la obligación de abonar esa pagar en la próxima nómina. Si no se cumple ese requerimiento llegará el momento de tomar acciones, que en un principio pasarían por algún tipo de sanción. Partidos de la oposición y trabajadoras ya pidieron en varias ocasiones que se rescindiera el contrato con Aralia. Sobre todo al desvelarse que era una de las firmas vinculadas a la investigación judicial sobre la trama de corrupción que se conoce como "Enredadera".
Desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales se entendía que la contratación se había hecho con total legalidad y que su relación con "Enredadera" no podía ser motivo de una resolución del contrato. Ahora el escenario es otro ya que se estaría ante el incumplimiento de las condiciones que se asumieron al firmar el contrato. De todas maneras, los juristas municipales quieren ir con tiento para evitar que, finalmente, el Ayuntamiento tenga que asumir algún coste económicos si el asunto acaba en los tribunales.
Aunque ahora se analice el grado de cumplimiento del contrato el debate no es ajeno al fallido proceso de remunicipalización del servicio que promovió Xixón Sí Puede.
