"No se puede imputar a la concejalía prevaricación cuando la tramitación de la relación de puestos de trabajo (RPT) se ha desarrollado de conformidad a los establecido en la normativa de aplicación y cuenta con informes favorables que avalan su aprobación". Esa es la conclusión del informe emitido por el servicio de recursos humanos del Ayuntamiento tras anunciar el sindicato Usipa que estudia plantear una demanda judicial contra Ana Braña, edil de Organización Municipal, por una presunta prevaricación. A esa demanda en estudio suma Usipa la impugnación de esta nueva RPT aprobada por la Junta de Gobierno, Algo que ya hizo con las de 2018 y 2016.
El informe municipal especifica que la RPT es " un instrumento técnico cuyo procedimiento de tramitación y ordenación exceden de los límites competenciales de la concejalía", que cuenta con informes técnicos y jurídicos de diferentes empleados y que fueron objeto de negociación con la representación sindical.
De hecho, se explica que este cambio de la RPT tenía como objeto "el cumplimiento riguroso" de una sentencia que estimó parcialmente una demanda de Usipa sobre a la forma de provisión de las jefaturas de servicio y secretarias de despacho. "Se hizo conforme a las indicaciones de la Asesoría Jurídica, en especial referencia a los efectos sobre nombramientos posteriores a 2016", se asegura.
