Los protagonistas han cambiado, algunos de cara y otros de posición en la balanza de fuerzas del salón de plenos, pero una parte de la historia se repite. A pocos días del Pleno donde debe votarse el presupuesto para 2020 del Ayuntamiento de Gijón la renta social se coloca -con más fuerza simbólica que envergadura económica- en el centro de las sumas y restas que jalonan el camino de un pacto presupuestario. Igual que ocurriera a finales de 2016 cuando la aceptación de su puesta en marcha por parte del gobierno forista de Carmen Moriyón le garantizó las necesarias abstenciones de IU y Xixón Sí Puede, marca local de Podemos, para que los presupuestos de 2017 salieran adelante. Serían los últimos presupuestos aprobados de la era Moriyón. Y los últimos aprobados en Gijón.
Ahora son PSOE e IU quienes desde el nuevo gobierno buscan apoyos para sacar adelante su primer presupuesto. Y los buscan en las tres concejalas de Podemos-Equo que han colocado la pervivencia de la renta social en el centro de la negociación. Un programa que IU tiene también interés en mantener. ¿Qué opina el tercer socio? El PSOE ha criticado con fuerza este programa en sus orígenes y lo asume ahora desde la exigencia de una reformulación casi integral. Dos ideas claras: no se pueden repetir las imágenes de personas haciendo cola para alcanzar esa ayuda y el objetivo del proyecto no es la dinamización del comercio local.
Mirando los euros a Carmen Moriyón la partida le salió más cara que Ana González. Ahora mismo hay un millón de euros ya incluidos en el presupuesto para la renta social y otro en previsión, que se incorporaría en primavera con los remanentes de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Podemos-Equo considera que dos millones es una cantidad realista para 2020. Casi ocho millones tuvo que comprometer Foro de cara a 2017. De salida se habilitó una partida de 3,6 millones para poner en marcha la renta social pero Aurelio Martín (IU) y Mario Suárez del Fueyo (XSP) forzaron un segundo compromiso de 4,5 millones que se sumarían con remanentes. La aportación era extraordinaria y el proyecto se presentó como piloto.
De esos ocho millones se acordaban esta semana el actual portavoz municipal de Foro, Jesús Martínez Salvador, y el edil de Ciudadanos Rubén Pérez Carcedo. El primero para colocarlos en la balanza de las comparaciones y los reproches y el segundo para recordar como ese gasto extra fue el razón máxima de que el Ayuntamiento de Gijón incumpliera con la regla de gasto en 2017 y se viera abocado a un plan de ajustes que termina este diciembre. Teme el concejal de la formación naranja que esa parte de la historia sí se pueda repetir.
El programa se estrenó en mayo de 2017 con el nombre compartido de "plan de emergencia social, renta social" (IU siempre rechazó el nombre de renta social al entender que daba lugar a equívocos) y el planteamiento de que serían unas ayudas económicas complementarias para personas con bajos niveles de ingresos. El Ayuntamiento asumía la diferencia entre los ingresos reales de la familia y los mínimos necesarios para "desarrollar una vida digna" y esa diferencia se transformaba en un dinero a ingresar en una tarjeta para hacer compras de productos básicos en negocios de la ciudad vinculados al proyecto a través de la Unión de Comerciantes.
Más de 300 negocios
Esta novedad se ha reivindicado con fuerza desde el comercio local, que se ha acabado convirtiendo en uno de los más firmes defensores de la renta social. Los últimos datos hablan de unas ventas totales estos años por encima de los seis millones de euros en más de 300 negocios distribuidos por la ciudad. Miles fueron las personas que se presentaron en las tres convocatorias de renta social y casi tres mil las beneficiarias. Eso sí, con cada convocatoria iban menguando los recursos disponibles después del subidón inicial de 2017 -no se ejecutaron los ocho millones comprometidos y la situación d e prorroga de 2018 y 2019 complicó aún más las cosas- y aumentando las polémicas y los cambios en las bases.
El ahora parece centrarse en mantener la esencia de la renta social, en lo que tiene que ver con su condición de ayuda finalista y complementaria, dotarla de dos millones de euros y poner en marcha una nueva convocatoria en abril. Antes tocará "redefinirla". No hay nada cerrado. Ni siquiera hay garantía de que se siga llamando renta social. La Fundación Municipal de Servicios Sociales quiere reordenar todas las ayudas y en esa reordenación estaría este programa revisando desde el catálogo de productos a adquirir a las condiciones económicas. También hay que ver si se mantiene el sistema de compra con tarjeta para todo. Todo esto, y mucho más, será motivo de otro proceso negociador por la izquierda. Pero antes de entrar en ese capítulo de la historia hay que ver el final del actual. Y ese final tiene dos fases: la decisión que las bases de Podemos y Equo tomen el lunes en asamblea sobre el sentido del voto de sus concejalas y el resultado final de la votación en el Pleno del miércoles.
