El ex secretario de Estado de Transporte Fernando Palao Taboada tendrá que esperar a la celebración del juicio del caso Musel para intentar librarse de las responsabilidades que le pedirán las acusaciones por los supuestos delitos de fraude y prevaricación. La sala de lo penal de la Audiencia Nacional acaba de confirmar el auto de la jueza de instrucción que lo va a sentar en el banquillo. El tribunal rechaza la alegación de Palao de que los hechos que se le imputan ya están prescritos. Los jueces apuntan que hay una controversia al respecto entre defensa y acusaciones, que tendrá que dirimirse en el juicio oral.
La principal razón de que Palao acabe en el banquillo es la reunión que se celebró en su despacho en el Ministerio de Fomento el 14 de marzo de 2006, a la que asistieron la mayoría de imputados, tanto de las empresas de la UTE Dique Torres -que construyó la ampliación de El Musel- como cargos de Puertos del Estado y de la Autoridad Portuaria de Gijón, cita que tuvo lugar un mes antes de que la Autoridad Portuaria comenzara a pagar sobrecostes en la obra de ampliación de El Musel. En aquella reunión supuestamente se pactaron los sobrecostes millonarios e ampliación, según destapó ante la jueza instructora otro de los imputados; el exdirector de El Musel, José Luis Díaz Rato. Un extremo que niegan las defensas de Palao y del expresidente de Puertos del Estado, Mariano Navas, así como las de los directivos empresariales.
Una de las cuestiones que había planteado la defensa de Palao para intentar evitar que se sentara en el banquillo es que el ex secretario de Estado había sido imputado en 2017, más de diez años después de aquella reunión, con lo que la defensa entiende que los hechos están prescritos. Las acusaciones, en cambio, hablan de un delito continuado en una obra que se liquidó en 2012.
El auto de la Audiencia Nacional que rechaza el recurso de Palao señala respecto a la petición de que se declaren prescritos los hechos que "no se observa una prescripción grosera de los hechos imputados al encausado, discutiéndose por acusación y defensa la naturaleza jurídica de aquellos en cuanto al cómputo de los plazos a tal efecto, por lo que un pronunciamiento al respecto únicamente sea posible una vez valorado la totalidad del material probatorio obrante en autos", esto es, en la sentencia que se dicte en su día.
La sala de lo penal también rechaza las demás alegaciones de Palao, resaltando que la jueza instructora, María Tardón adoptó sus decisiones con un "criterio objetivo e imparcial".
En el caso Musel hay investigadas una veintena de personas, entre cargos públicos y directivos empresariales, por un supuesto fraude en torno a la obra de ampliación de El Musel. La obra, ejecutada entre 2005 y 2011 se licitó y adjudicó en 499,35 millones de euros. Por la misma acabaron pagándose 708,7 millones, incluyendo sobrecostes y actualización de precios, tras la aprobación en 2007 de un modificado que elevó el presupuesto en 216 millones y alargaba el plazo de ejecución en 22 meses. Las supuestas irregularidades fueron destapadas a raíz de una investigación de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) tras una denuncia recibida sobre una obra que contó con financiación comunitaria. En la instrucción de la causa se investigaron tanto las circunstancias de la adjudicación del contrato como los sobrecostes de la obra.
Además de haber rechazado el recurso de Palao, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional también ha desestimado el recurso que había formulado la primera gerente de la UTE Dique Torres, Ana Dizy, recurso al que se había adherido el expresidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach.
Ana Dizy había alegado que tenía "escasísimas facultades" y que carecía de poderes, además de haber permanecido poco tiempo al frente de la UTE, entre el 24 de enero y el 23 de mayo de 2005.
En el auto en el que desestiman sus alegaciones, la Audiencia Nacional recoge extractos de las primeras actas del comité de gerencia de la UTE, elaboradas por ella, en las que ya desde enero de 2005 se ve que la oferta con la que había ganado el concurso Dique Torres carecía "de una mínima consistencia en cuestiones tan esenciales como el proyecto constructivo y el precio" y se veía cómo la UTE contaba ya desde el primer momento con la preparación de un modificado, al ser irrealizable el proyecto que había presentado, modificado que la UTE preparaba con discreción a la vez que planificaba la obra "como si pudiese hacerse" el proyecto ofertado.
