La negativa del portavoz municipal del PP, Alberto López-Asenjo, a transferir a la dirección local de su partido parte de las subvenciones mientras no se firme un convenio de colaboración tiene "soporte legal y no responde a ninguna conducta arbitraria". Según explican fuentes de su entorno, la obligatoriedad de redactar un acuerdo de este tipo, que se ha hecho en otras localidades como Avilés, está recogida en las bases de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Gijón, aprobadas hace poco más de un mes por el Pleno. Concretamente, en el punto cuarto de la base 25, que asevera: "Las aportaciones (...) se justificarán mediante un convenio formalizado entre ambas partes, que deberá detallar las obligaciones recíprocas, así como una relación y copia de los justificantes que acrediten las prestaciones recibidas por el grupo municipal".
La falta de transferencias del grupo municipal al partido desde el pasado junio, cuando empezó el actual mandato, ha levantado una intensa polvareda en el seno del PP, que se plantea cerrar su sede de la calle Álvarez Garaya por falta de liquidez, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA. El presidente local de la formación, Mariano Marín, tiene sobre su mesa desde hace meses la petición de López-Asenjo de firmar un convenio para realizar estas operaciones, sin que por el momento haya dado respuesta. La salud financiera de los populares gijoneses ha ido de mal en peor en este tiempo.
López-Asenjo planteó la elaboración de este documento poco después de que saltaran las dudas sobre la gestión de las cuentas del grupo municipal del PP durante el anterior mandato, entre los años 2015 y 2019, que han sido objeto de reparos por parte de la interventora municipal y que aún están pendientes de recibir el visto bueno. Según su entorno, el portavoz no pretende asfixiar económicamente a su formación sino "cumplir con la ley". Y ponen como ejemplo de su buena fe la entrega al partido de 1.200 euros de su bolsillo el pasado noviembre, poco antes de que comenzara la campaña electoral y para sufragar los gastos de la sede.
Fuentes municipales consultadas por este diario ofrecen algunos matices a la interpretación de la "fórmula de los convenios" recientemente aprobada. "La interventora entiende, al contrario que otros técnicos, que el dinero que pase de los grupos a los partidos vía convenio sólo puede usarse en asuntos que tengan que ver con el grupo. Y eso supondría que puede usarse para alquilar un local para el grupo, pero no para el partido", indican.
También aclaran que el actual reglamento del Ayuntamiento, que se encuentra en revisión, sólo fija que los grupos municipales deben tener una contabilidad diferenciada. Además, destacan que existe una controversia entre la ley de bases del régimen local y la ley de financiación de partidos políticos, ya que la primera afirma que las subvenciones a los grupos municipales sólo pueden destinarse a gastos de mantenimiento y personal, no a inversiones, mientras que la segunda recoge que los partidos se pueden financiar con aportaciones de sus concejales. Es decir, existe un vacío que cada formación llena de acuerdo a su propio criterio.
Estas dudas legales planean sobre el conflicto abierto entre el grupo municipal del PP y la dirección local. Mientras, la sede languidece, abierta tan sólo dos horas al día por voluntarios y sin apenas material ni actividad política. Ninguna de las partes, por el momento, está dispuesta a dar su brazo a torcer.
