El incremento anual de casos que llegan al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Gijón, que el pasado año volvió a alcanzar una cifra récord con 1.333 asuntos penales y otros 133 civiles, acerca cada vez más a la creación de un segundo juzgado en la ciudad para evitar el posible colapso que desde hace años vienen advirtiendo los funcionarios. La idea toma fuerza y ya está encima de la mesa para desahogar a un organismo que sigue a la cabeza de España en casos tramitados, solo por detrás de Vigo, Mallorca y algunos juzgados del área metropolitana de Madrid y Barcelona.
Los datos dados a conocer esta semana por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) reflejan de nuevo un crecimiento del 1,91% en asuntos penales y del 98,5% en materia civil, volcado especialmente en divorcios no consensuados y asuntos relativos especialmente a la guardia, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales, como refleja la estadística. Solo como comparativa, el mismo juzgado en la ciudad vecina, Oviedo, registró el pasado año 857 asuntos penales y 232 civiles. Esa diferencia también existe en las órdenes de protección dictadas durante el 2019, con 262 en Gijón por las 198 de su homólogo ovetense. Son estos los dos únicos juzgados específicos dedicados a la violencia de género en Asturias.
Los casos que llegan cada año al Juzgado gijonés es cierto que responde mayoritariamente a delitos menos graves. En lo relativo a lesiones y malos tratos, el grueso de la actividad, se tramitaron 549 procedimientos menos graves, otros 280 relativos a los delitos contra la integridad moral -acoso, coacciones graves, amenazas o nuevas formas de delito a través de internet-, y hasta 13 casos de delitos más graves, los estipulados en el artículo 148 del Código Penal y que llevan aparejada pena de cárcel de dos a cinco años. Otro de los delitos guarda relación contra la libertad e indemnidad sexuales, que se contabilizaron 18 casos, según los datos del TSJA. Conviene recordar que este juzgado especializado se encarga de asuntos relacionados con parejas estables o exparejas en conflicto.
Los cometidos del Juzgado de Violencia también incluyen los delitos de quebrantamiento (356 asuntos), es decir, que el investigado o condenado se salte las medidas impuestas por una sentencia de prohibición de acercarse a su víctima ni a comunicarse con ella. En este caso fueron 191 los quebrantamientos de condena y otros 165 quebrantamientos de medidas cautelares. Hay que resaltar que en 2019 se tramitaron 262 órdenes de protección a mujeres, de las que 181 fueron aceptadas por la magistrada al frente de Violencia.
¿Cómo llegan estos episodios al Juzgado? La mayoría de ellos (447 casos) con la denuncia en comisaría de la propia víctima, puesto que el Juzgado de Violencia no toma denuncias como tal. Otra gran parte está en las intervenciones policiales directas (296), que intervienen ante sospechas de violencia de género y, por último, por partes de lesiones en centros médicos (262) que luego remiten al Juzgado. Pese a la concienciación social y las campañas realizadas en esta línea solo hubo el pasado año ocho denuncias interpuestas por vecinos o familiares de la víctima.
Otro de los aspectos a tener en cuenta, y que ahondan en la necesidad de crear un segundo juzgado de violencia sobre la mujer en Gijón para evitar el colapso, es en la tipología de casos. En lo que se refiere a sumarios -aquellos procedimientos dedicados a delitos cuya pena es superior a los seis años- tienen pendientes 5 procedimientos, cuya investigación se dilata más en el tiempo. Para contextualizar, según esos mismos datos del TSJA, entre los cinco Juzgados de Instrucción suman solo tres sumarios en trámite.
También merece especial mención en este apartado la tramitación de los procedimientos de Tribunal del Jurado, reservados para los asesinatos y homicidios. Cada dos años inician uno en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer -Silvia Hernández, Paz Fernández Borrego o Lorena Dacuña, Al establecer la misma comparativa se ve que ninguno de los cinco juzgados de instrucción restantes tienen jurados en marcha. No obstante, es cierto, el grueso del trabajo son delitos de menor entidad, con hasta cuatro años de cárcel.
Todas estas tramitaciones se suman con la toma de declaración de detenidos por violencia de género que esperan en los calabozos tras haber sido detenidos. Y no son pocos cada día, especialmente los lunes tras "la resaca" del fin de semana. Conviene señalar que durante el estado de alarma, en lo que al Juzgado de Violencia se refiere, se mantuvieron los registros habituales de casos, y pese a que muchos convivientes tuvieron que compartir techo durante muchos días sin poder salir de sus casas no se percibe un incremento en el número de episodios de violencia de género.
