M. C.
El presidente del Principado, Adrián Barbón, puso ayer en la Junta General del Principado la prohibición de la celebración de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) como ejemplo de la disposición de su Gobierno a "hablar claro" y tomar todas las decisiones necesarias, "por duras y difíciles que sean", para evitar la aparición de rebrotes de coronavirus en Asturias. El mandatario autonómico hizo esta reflexión durante una intervención en la que defendió los planes elaborados para hacer frente a los brotes de la covid-19, entre los que se incluyen el uso obligatorio de mascarilla en ciudades, remarcado que seguirá tomando todas las decisiones que sean necesarias, "por duras y difíciles" que sean, para hacer frente a la pandemia. Su alocución fue el punto y final a más de dos semanas de incertidumbres en torno a la celebración de la Feria de Muestras, que comenzaron con la presentación de un plan de contingencia por parte de la Cámara de Comercio de Gijón. Un proceso adelantado de principio a fin por LA NUEVA ESPAÑA.
La decisión del Principado de prohibir el evento fue adoptada el pasado martes después del dictamen emitido por técnicos de la Consejería de Salud, de la Delegación del Gobierno y de la Federación Asturiana de Concejos desaconsejando la autorización del certamen al considerarlo de "alto riesgo" para la transmisión del coronavirus, entre otros factores por su carácter internacional y por la afluencia de público de otras provincias. El complicado panorama que iba a tener la Feria de Muestras para obtener el plácet del Principado ya lo había adelantado este diario en su edición del pasado 5 de julio, en la que informaba que el Principado no aceptaría un evento con un aforo superior a 10.000 visitantes (la Cámara habló inicialmente de 20.000 y lo dejó finalmente en poco más de 14.000) y que obligaría a sus organizadores a realizar un tests de autoevaluación, de acuerdo a una resolución publicada dos días antes.
Semanas atrás, el 25 de junio, el presidente del Principado, Adrián Barbón, había lanzado ya un sutil mensaje al advertir a la Cámara de que desmantelar el hospital de campaña que se había montado en el Pabellón Central del recinto ferial no suponía que se fuera a autorizar la celebración de la Feria. La retirada del hospital fue el primer objetivo de los dirigentes camerales, que se aplicaron a fondo después para intentar presentar un proyecto asumible por el Principado, un plan de contingencia, para la celebración de la Feria, cuyas líneas principales avanzó este diario el pasado 29 de junio.
Pese a las medidas higiénicas y de control de flujos por el recinto ferial, la propuesta de la Cámara de limitar el aforo a algo más de 14.000 personas, un 35 por ciento del máximo posible, no resultó aceptable para la Administración regional. Pese a los mensajes políticos que ponían en duda la viabilidad del evento, tanto desde el Principado como desde el Ayuntamiento, en la Cámara de Comercio siempre se estuvo trabajando con la convicción de que iba a ser posible, aunque fuera sustancialmente distinta a la que cada año viene acogiendo a multitudes de forma ininterrumpida desde 1965.
El Principado, por su parte, esperaba que fuera la propia Cámara de Comercio la que optara por anunciar la cancelación del evento, un dilema, el de suspender la Feria o no, al que cada protagonista de este desencuentro institucional daba una respuesta diferente. El órgano que preside Félix Baragaño siguió para delante, apurando sus opciones hasta el final, presentando el ambicioso plan de contingencia que había elaborado a cargos de la Consejería de Industria y a los de la Consejería de Salud, antes de depositarlo formalmente en el Registro del Principado. Lo que entonces no presentó fue la declaración de riesgo que estimaba para la Feria, en base a la resolución del 3 de julio.
Lo acabó presentando a requerimiento del Principado, dándose a sí misma un aprobado. La valoración de los técnicos ha sido distinta, declarando de alto riesgo el certamen. Así se llegó a la primera prohibición en la historia de la Feria.
