Mientras en el escrito de acusación el Ministerio Público no solicita a los acusados del supuesto fraude un indemnización para resarcir al Estado, eso sí lo ha hecho la acusación popular, ejercida por el Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (OCAN), quien plantea que los acusados indemnicen solidariamente al estado en 250,92 millones de euros.

Esta cifra coincide con el incremento en el presupuesto de la obra que se fijó en el modificado aprobado en 2007, si bien los sobrecostes reales a la conclusión de los trabajos fueron inferiores a esa cuantía. De hecho, OCAN deja abierta en su petición la posibilidad de modificar su petición indemnizatoria en base a las pruebas que se practiquen durante el juicio.

La asociación además presentó escrito de acusación contra más personas que el fiscal. La magistrada, en su auto, excluye a dos de estos acusados recordando que la causa ya se sobreseyó contra ellos. Sin embargo, cita como acusados por OCAN a 23 investigados en el caso Musel, al incluir en el listado a dos mandos de la UTE Dique Torres respecto a los que en su día ya se sobreseyó la investigación, como son Miguel Eguiagaray y Eduardo Castanedo. Fuentes de la defensa consideran que se trata de un posible error, que podría tener que corregirse, dejando el número final de investigados que previsiblemente se sentarán en el banquillo de los acusados en los 21 reseñados por el Ministerio Público.

El auto de apertura de juicio oral sólo cita como escritos de acusación los presentados por el Fiscal, la acusación popular y la de los vecinos del Alto de Aboño. Eso supone que la Abogacía del Estado no ha presentado escrito de acusación.