El Ayuntamiento de Gijón comenzará a multar con 1.500 euros al mes al Ministerio de Trabajo si no acomete los trabajos necesarios para remodelar la Casa Sindical, de su propiedad. Así lo informó el equipo de gobierno en la comisión de Urbanismo celebrada ayer, a raíz de una pregunta presentada por Ciudadanos. El principal partido de la oposición, precisamente, recriminaba al equipo de gobierno su dejadez en este tema y proponía la imposición de multas coercitivas como las que ahora se amenaza con implantar. La otra opción planteada por la opción naranja pasaba por que fuera el propio Consistorio el que acometería las obras de forma subsidiaria, a costa del Ministerio. Una opción poco factible ya que la entidad gijonesa no cuenta con un capital tan alto para destinar a estas labores.

"El Gobierno no puede actuar sólo cada vez que Ciudadanos les instemos a ello, tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la normativa urbanística en la ciudad y el estado de este edificio la incumple en varios preceptos relacionados con la accesibilidad, seguridad y ornato público", señaló el edil de la formación naranja Rubén Pérez Carcedo.

A su juicio, "si cualquier edificio debe cumplir con la normativa urbanística, más lo debería hacer un edificio de titularidad y uso público". Además, Pérez Carcedo incidió en que en ese edificio se ofrecen servicios a los ciudadanos, por parte de los sindicatos, por lo que "no se puede seguir mirando a otro lado cuando no tiene medios adecuados de evacuación y protección contra incendios, y sus infraestructuras están completamente obsoletas, con el peligro que esto puede suponer".

"Dudamos mucho que las multas coercitivas funcionen, pero no cabe duda que es un paso", aseveró el edil, que enfatizó que "si no funcionan habrá que actuar con mayor contundencia".