El trabajo en el Palacio de Justicia de Gijón ha vuelto a reactivarse, con limitaciones, desde el estado de alarma y los escritos comienzan a amontonarse en las mesas de los magistrados, la parte más estrecha del embudo judicial. Una posible solución está en la celebración de audiencias previas a través de videoconferencia, un proyecto piloto que ya está en marcha en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gijón, tal y como ayer adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Luis Roda García (Mieres, 1951), magistrado titular de ese juzgado, está próximo a cumplir los 70 años -ha pedido la prórroga hasta los 72- y se mantiene como decano de los jueces gijoneses, un cargo al que nadie quiere presentarse desde hace ya varios años.
- Tras los meses de parón por el estado de alarma, ¿cómo está funcionando el Palacio de Justicia?
-En marcha está. La gente se suele quejar de la cita previa. Es inevitable, pero no estoy seguro de que sea lo conveniente. Los conflictos surgen en cualquier momento. Por ejemplo, que nos afecta a los de Primera Instancia, un embargo. El embargo de una cuenta bancaria, donde se cobra la pensión y de golpe está bloqueada. Eso se debe solventar inmediatamente, no con cita previa. Te ves sin abogado, ni procurador y tienes que atender a la persona. Hay muchas cosas, pero es un ejemplo.
- ¿Hay una estimación de incidencia del parón?
-Perjudicó mucho el tema de arrendamientos, en concreto donde el motivo de sanción era la falta de pago. No se hacían requerimientos. Ha habido gente que no podía pagar y otros que no querían, entonces se ha perjudicado a una parte de la sociedad.
- ¿Hay casos más llamativos?
-Hay un incremento de procedimientos monitorios, que son cuando te reclaman cantidades que debes teóricamente. Están entrando muchas peticiones de empresas que dan créditos de 200 o 300 euros y luego pretenden cobrar 1.000 o 2.000. Es increíble y lamentable. Mis colegas y yo estamos haciendo todos los mismo, cortando. Si usted debe 200 euros, el resto es puramente usura.
- ¿Se nota el aluvión de casos?
-El problema está en la concentración. Han entrado de golpe cientos de escritos, y los funcionarios ya no dan abasto. Muchos se quedan trabajando, gratis, después de su horario. Es algo diario. Nadie les obliga, pero si los jueces respiramos un poco es gracias a estas personas. Tengo la mesa atascada ahora mismo y, de pronto, me llega un nuevo aluvión. Ese es el problema.
- ¿Hay riesgo de colapso?
-Puedo hablar de los civiles y todos estamos desbordados. La última palabra la tenemos nosotros.
- ¿Trabajan fuera de horario?
-No te queda más remedio. Pero eso lo hacemos todos y ya desde hace tiempo. Ahora tenemos acceso al Minerva con nuestros ordenadores, funcionamos con dos pantallas. En uno escribo y en el otro busco. Eso ayuda. De alguna manera trabajar en casa es inevitable. Ahora prefiero comer casi a la hora de cenar, pero no quiero llevar papeles a casa. En un sitio como Gijón, y en Oviedo también, es inevitable.
- ¿Harían falta más juzgados?
-Siempre hacen falta juzgados, pero a veces más que espacio físico son las personas. Por ejemplo, ahora si me aumentan dos funcionarios la plantilla me perjudicaría más, porque irían avanzando más, pero el embudo tiene una parte estrecha que es el juez y no puedes tragar todo. No es cuestión de plantilla, es de racionalizar la labor. No es físicamente un juzgado lo que hace falta, sí que trabaje más de un juez en algún juzgado. Ahí están los jueces temporales, titulares, adscritos al Tribunal Superior de Justicia.
- ¿Afecta esta nueva fase 2 al funcionamiento?
-No creo. Tenemos ya marcados los aforos. En mi sala, la 9, es de siete personas, además de la funcionaria de auxilio. No puede pasar de siete personas. El aforo está marcado ya, pero no hay ventilación. El diseño del edificio es tener pasillos luminosos, maravillosos, y despachos y salas oscuras. Hay letrados sin mascarilla, abrazándose? es tremendo. No hay nadie que ponga freno a esto porque no hay medios. Sugerí bandas para limitar físicamente la movilidad o huellas en el suelo y no se ha hecho.
- Están ensayando un programa para realizar las audiencias previas por videollamada y ganar así en agilidad y evitar desplazamientos innecesarios.
-Ya se está poniendo en marcha. Hay una colaboración buenísima entre el Colegio de la Abogacía de Gijón y la directora general de Justicia. Estamos haciendo pruebas por el momento. Está la viceconsejería moviéndose bastante. Serviría para una audiencia previa o juicios donde solo hablaran abogados. Esto supone que se podría agilizar. Evitaríamos que los abogados de fuera tuviesen que viajar, jugaríamos con las horas. Dictas una resolución sobre la marcha, pasas de las doce a la una y depende de los abogados. Sería un avance impresionante. Los problemas existirán siempre, pero si podemos hacer esas cosas rápidas hay que explotar ese proyecto. El problema es la grabación, tenemos que ver cómo grabar.
- Lleva muchos años como juez decano por ser el más antiguo en el escalafón. Ningún magistrado juez quiere asumir el puesto. ¿Por qué?
-No lo sé. Convoco cada seis meses, justo ahora lo hice, y nadie se presentó. Tampoco tiene mucho aliciente. La palabra decano suena mucho, pero no es nada. Más que al juez decano, que le da algo de lata, incordia mucho a los letrados de la Administración de Justicia.
- Tiene 69 años, con 70 se puede jubilar, aunque tienen la opción de prolongar hasta los 72 años. ¿Va a seguir?
-En caso de que me muera no (risas). Me llegó el jueves la comunicación de que puedo seguir y ya lo he pedido. Seguiré trabajando hasta el 13 de junio de 2023.
- ¿Se echa en falta a Bernardo Donapetry, presidente de la Sección Octava, fallecido el pasado julio?
-Sí. Bernardo era un individuo muy explosivo. Nos conocíamos desde niño. Era alguien muy cariñoso. Era muy aficionado a Galicia, leyó un pregón de Semana Santa en Vivero que le hizo muy feliz. Allí están sus cenizas. Esa voz ronca que tuvo siempre desde niño. Se le echa de menos. Al final, nadie se va a acordar de nosotros. Es algo normal y casi bueno.
- ¿Qué le parece la reforma del CGPJ que plantea el Gobierno?
-Hay un problema imposible de superar, que es el artículo 122 de la Constitución, que dice que el CGPJ tendrá veinte componentes. De ellos, doce son de origen judicial, que se seleccionan por una Ley Orgánica de 1985, con la que la decisión salió ya de las manos de los jueces. Esa ley podría cambiarse, pero luego hay cuatro componentes que elige el Congreso y otros cuatro que elige el Senado, y para ello se necesita una mayoría de tres quintos. Eso no se puede cambiar ni sortear salvo que cambien la Constitución.
