No ha sido habitual en Asturias, ni mucho menos, que se diseñaran planes de acción específicos para territorios muy concretos como el que el Principado acaba de lanzar para la zona oeste de Gijón con el fin de reducir las altas tasas de contaminación atmosférica. El antecedente fue un plan para Trubia con el benceno como problema. El plan de acción a corto plazo para la reducción de los niveles de partículas en suspensión en la atmósfera de la zona oeste de Gijón -o en la versión corta Plan del aire Gijón Oeste- acaba de abrir su documento inicial al debate público y la recepción de enmiendas. No ha empezado con buen pie. En concreto, por la polémica sobre la ubicación en Jove de la estación fija de medición que todo el mundo veía en El Lauredal y, en general, porque vecinos afectados y colectivos implicados solo ven más de lo mismo. Medidas sobre un papel que difícilmente se podrán hacer realidad. ¿Cuáles son las claves de este nuevo intento de que los gijoneses del Oeste respiren aire limpio? Aquí van algunas.
El objetivo es tan corto en su descripción como complicado en su consecución. Se trata de "mejorar la calidad del aire en la zona oeste de Gijón, garantizando el cumplimiento de los valores límite legales del contaminante partículas PM10 en la zona". Un objetivo estratégico que se concreta en tres objetivos específicos: reducir la concentración de esas partículas, mejorar el conocimiento sobre el origen y comportamiento de la contaminación en la zona e incrementar la colaboración entre las administraciones y todos los agentes implicados.
Este plan de acción es una estrategia conjunta del Principado de Asturias, a través de la consejería de Medio Ambiente y Cambio Climático, y del Ayuntamiento de Gijón, desde su concejalía de Medio Ambiente y Movilidad.
Más allá de la responsabilidad de Principado y Ayuntamiento el documento involucra a otros agentes. Económicos la mayoría y algunos con un nombre propio tan evidente como Arcelor Mittal, EDP y la Autoridad Portuaria de Gijón.
Las superaciones detectadas en su día en la estación de la avenida de la Argentina llevaron al gobierno del Principado de Asturias a impulsar el plan de mejora de calidad del aire en la aglomeración de Gijón, que se aprobó en 2014 e incluía 22 medidas. Ese plan se revisó en 2017. Un año después entró en vigor a nivel regional el protocolo de actuación en episodios de contaminación del aire. Ahora se da un paso más.
El plan se autotitula de la zona Oeste de Gijón pero se concreta en un territorio de 5,3 kilómetros cuadrados que se centra en Jove, incluyen barrios como Pescadores, Portuarios, El Muselín y El Lauredal, así como una parte de La Calzada y otra de El Cerillero. En esa zona viven 28.695 personas y está marcada pr la importante presencia de actividades industriales y la vecindad del puerto de El Musel.
El borrador del documento está ahora mismo en proceso de información pública para incluir modificaciones. No hay fecha para su aprobación pero, en el actual texto, si se fija que su alcance temporal llega hasta el 31 de diciembre de 2022.
En el plan, a falta de cambios que se incorporen en el actual proceso de información pública, se fijan 25 acciones que se reparten bajo tres epígrafes: 16 son para reducir, cinco suponen conocimiento y cuatro están en el ámbito de la gobernanza.
Una de las novedades del plan es que se diseñará un protocolo específico de actuación en la zona en caso de episodios de contaminación. Un protocolo que vaya más allá de lo que fija el regional y que podrá activar directamente el Ayuntamiento de Gijón.
El plan le fija muchos deberes a la siderúrgica, que ya ha dado a entender que los actuales momentos de crisis económica no son los más favorables para adelantar inversiones. A la firma se le pide limitar el funcionamiento de las instalaciones de sinterización, lo que supone que no funcionen los dos sínter juntos si no se garantizar cumplir el techo de emisiones, y adelantar a 2022 la obligación que tenía para 2024 de colocar un filtro en el sínter B. Acciones de cinco millones de euros. También se le exige un plan de choque con medidas de limpieza y asfaltado a presentar en el plazo de tres meses de la aprobación del plan.
A EDP también se le exige en el plan que evite en funcionen a la vez los dos grupos de la térmica de Aboño. Algo que no parece difícil porque la empresa ya tiene en marcha una reducción de la actividad de la térmica.
Tres meses le da el Plan a la Autoridad Portuaria para analizar la ocupación del suelo portuario delimitando y apantallando la zona de graneles. No es lo único. También tiene que pavimentar, ampliar su contrato de limpieza para aumentar el riego de viales, explanadas y muelles comprometiendo para ello un sistema de suministro de agua que se cuantifica en un millón de euros y dedicar otro millón cada año a inversiones medioambientales.
Al Puerto le corresponde también establecer, como recomendación, que solo utilice la avenida del Príncipe de Asturias como vía de paso el tráfico pesado considerado limpio: portacontenedores, servicios y cisternas. El resto de las actuaciones para minimizar el impacto del tráfico en la polución le corresponden al Ayuntamiento. ¿La principal? Limitar a 30 kilómetros a la hora la velocidad en todo el ámbito. Otras medidas se irán diseñando en el futuro Plan de Movilidad de la ciudad y de un estudio de tráfico sobre la zona en el que se piensan gastar 650.000 euros.
Se garantizan dos nuevas instalaciones fijas en el ámbito Lauredal-Jove. Una la pone Arcelor y otra el Principado. Y aquí estuvo la polémica ya que todos contaban con que se ubicara donde ahora está la móvil del Ayuntamiento, en plena área residencial del Lauredal, y el documento la coloca junto a la sede vecinal de Jove. Tras oír las quejas de vecinos y ecologistas, el Principado ya anunció que no hay problema en cambiarla, si se le pide vía alegación.
Son varias las iniciativas para mejorar la información y la comunicación. Desde crear una mesa de diálogo con los agentes sociales a ampliar la información que se hace pública en webs oficiales a ampliar los foros de trabajo técnico y de coordinación entre administraciones.