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Condenado por no pedir a tiempo una indemnización para un policía

El abogado, catedrático de Universidad, deberá pagar 468.214 euros a su cliente, un agente que perdió el oído en la academia

Un juez.

Un juez. Juan Plaza

Un joven que sufrió la pérdida de audición en los dos oídos mientras realizaba las prácticas de ingreso al Cuerpo Nacional de Policía en la academia de Ávila será indemnizado 468.214 euros después de que su abogado, que no presentó en tiempo y forma el correspondiente recurso contencioso-administrativo para lograr la paga que le correspondía al agente, haya sido condenado por su “mala praxis”. La sentencia acaba de ser ratificada por el Tribunal Supremo y, por tanto, ya es firme.

El afectado estaba realizando prácticas en el campo de tiro de la academia en 2007, momento en el que sufrió una “hipoacusia neurosensorial del oído izquierdo”, con afectación también en el oído derecho, que fue causa de exclusión médica para convertirse en Policía Nacional como así pretendía. El afectado recurrió al abogado, catedrático de Universidad, para reclamar una pensión vitalicia por jubilación, algo que le había negado previamente la Dirección General de la Policía al entender que la lesión “no se había producido en acto de servicio”. El joven recurrió esa decisión ante la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dio la razón al joven en marzo de 2012.

A partir de ahí, el afectado reclamó su pensión extraordinaria. ¿El problema? Al abogado se le pasó el plazo del recurso y el policía se quedó sin derecho a su pensión. Eso fue lo que motivó que el afectado emprendiese medidas legales contra su representante legal para lograr una compensación por el daño y los perjuicios causados.

“Más diligente”

De la mano de los abogados gijoneses Juan José y Javier Dapena Álvarez-Hevia, lograron que el Juzgado de Primera Instancia estimase que su primer letrado “debería haber sido más diligente”, reconociéndole al joven un derecho a indemnización por parte del letrado de 1.266.912,6 euros. El abogado condenado recurrió la sentencia, pero solo logró que la Audiencia Provincial rebajase la cuantía de la indemnización hasta los 402.114,02 euros más los intereses legales, que ahora ascienden a 66.100 euros. Esa sentencia ya es firme.

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