La ausencia de una revisión del catastro en Gijón desde hace más de una década, una problemática que repercutirá en la declaración de la renta de miles de gijoneses con segundas viviendas no alquiladas, garajes, trasteros no ligados a la residencia habitual y hasta locales vacíos, tal y como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA, ha despertado de nuevo las críticas de la oposición municipal, que temen que detrás haya una “dejación de funciones” por parte del gobierno local y exigirán explicaciones al respecto. Máxime cuando solo Gijón, junto a Siero, es el único municipio de Asturias con más de 50.000 habitantes que no ha llevado a cabo la revisión del catastro desde 2009, lo que implica que el gravamen sobre esas propiedades pase del 1,1% al 2% ante la falta de actualización, algo que ya han comenzado a notar algunos ciudadanos en su bolsillo. Desde la concejalía de Hacienda, en cambio, se insiste que esa revisión “no se puede asegurar que se a la baja”, argumenta la edil Marina Pineda.
Pero la oposición busca respuestas y certeza ante lo que parece “un caso de dejadez”, denuncia la edil del PP Ángeles Fernández-Ahúja, quien exige al gobierno local las pertinentes explicaciones al respecto. “Deben explicar si esta revisión no se ha pedido porque los valores podrían salir al alza y por lo tanto perjudicar a los gijoneses o si es porque se les ha pasado y resulta que sale a la baja, con lo que estaríamos ante un incremento encubierto de la recaudación”, alerta. Y en todo caso, “parece que, si Oviedo y Avilés lo han hecho, se trata de una falta de diligencia del gobierno local”.
El Catastro sí aplicó una rebaja lineal del 22% en todas las valoraciones a partir de 2014, a petición del Ayuntamiento, gobernado entonces por Foro, una circunstancia que recordaba ayer el portavoz forista, Jesús Martínez Salvador. “Logramos bajar el valor catastral de los inmuebles para amortiguar el ‘catastrazo’ del PSOE y el IBI estuvo congelado durante todo nuestro mandato, y hoy, en plena crisis económica provocada por la pandemia, instamos al gobierno de Ana González a realizar un estudio riguroso e independiente para analizar si es preferible solicitar o no la revisión, para adoptar la mejor opción posible para el bolsillo de los gijoneses”, recalca el concejal.
En Podemos-Equo, por su parte, tienen claro que se trata de una “dejación de funciones” que “podría traer subidas impositivas que complicarían aún más la economía de las familias con menos recursos, sobre todo si ya están mermadas por la pandemia”. Y de este modo, la portavoz de la formación morada, Laura Tuero, recalca que “lo menos es que el equipo de gobierno hubiera solicitado un informe sobre la situación de los valores catastrales y las consecuencias de no revisarlos, así como haber contactado con el Catastro cuanto menos, aunque existiera desde 2014 la reducción en un 22%”. Al darse todas las variables posibles que indican que ha de realizarse una revisión catastral “no entendemos por qué no se ha hecho nada”, por lo que “nuestro grupo municipal preguntará al equipo de gobierno si tiene datos de lo que podría deparar a las familias más necesitadas y lo que piensa hacer en caso de que quienes más están sufriendo la pandemia puedan verse con pagos que difícilmente puedan asumir”, advierte sobre este problema que, además de afectar al IRPF, repercute.
Desde Ciudadanos, Rubén Pérez recalca que el principal objetivo “es mantener el IBI congelado en la ciudad, puesto que no estamos para subidas impositivas que lastren a familias y empresas”. En ese sentido, “solo estaríamos de acuerdo en efectuar una revisión de los valores catastrales siempre que tengamos garantía que los mismos bajen”.
Mientras, el portavoz de Vox, Eladio de la Concha, recuerda que el valor de los inmuebles en Gijón no es el mismo que el de hace una década, sino que “a día de hoy está mucho más depreciado, dándose casos incluso que el valor catastral del inmueble es mayor que el valor de mercado”. El edil sostiene que el equipo de gobierno local “conoce esto tan bien o mejor que el resto de ciudadanos, precisamente porque ha tenido que rectificar su posición respecto de la valoración del suelo para el cálculo de la plusvalía municipal a raíz de las reiteradas sentencias judiciales dictadas en contra del Ayuntamiento”. Y de ahí que consideren “una vergüenza que por el error o la desidia de este gobierno los ciudadanos se vean perjudicados en los impuestos, una injusticia en estos momentos de crisis”.
