Psicólogo clínico, gijonés de 45 años, padre de tres hijos y vecino de Contrueces, Marco Luengo Castro es el nuevo director de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. A su mesa en la Gota de Leche llegó hace poco más de un mes y, confiesa, “lo que más me sorprendió fue el personal. Después de quince años de crisis sobre crisis deberían estar rendidos, derrotados y no, siguen comprometidos y dejándose la piel”.
–La pandemia convirtió 2020 en un año de récord en petición de ayudas a la Fundación. ¿Ha bajado la presión?
–A principios de año pensamos que podía bajar pero a estas alturas creemos que no. La tendencia se mantiene aunque con cambios en los perfiles. Vemos que personas que habían llegado por la crisis y el confinamiento con necesidades muy urgentes han vuelto a los sistemas más normalizados. Pero aparecen otras situaciones. Gente que ya agotó todos sus ingresos, que solicita el ingreso mínimo vital y que por esos desajustes iniciales no lo reciben o reciben 100 o 150 euros porque lo que se consideran son los ingresos de 2019. O solicitantes de asilo a quien se les deniega. El año pasado se dieron unos 3,7 millones en ayudas La estimación para este año es igual o un poco superior.
–¿Y podrán atenderla con un presupuesto en prórroga?
–A día de hoy el plan A es poder hacer frente con nuestros propios recursos, incluido el remanente. De todas maneras si surgiera algo que nos pudiera desbordar tenemos la garantía de que el Ayuntamiento nos ayudaría.
–Ingreso mínimo vital, salario social básico... ¿Cómo afecta este nuevo escenario a la acción municipal?
–Lo esperable es que las rentas mínimas se vayan estabilizando como un derecho subjetivo y que cada vez sea menos necesario que los ayuntamientos hagan esa función complementaria o de urgencia de cubrir necesidades básicas. Todo esto puede ser una oportunidad fundamental para unos servicios sociales que están en una encrucijada entre el siglo XX y el XXI. Los servicios sociales tienen que salirse de esa dinámica que nos ha convertido en el coche escoba que recogía todo lo que el sistema expulsaba para poder centrarse en lo que tiene que ver con su trabajo: favorecer la autonomía funcional de la gente para que puedan ser libres en sus proyectos vitales y potenciar la integración relacional de la gente en su propio entorno.
–Pero la realidad del presente desborda...
–Sí, pero temporalmente. Aunque sea por distintas razones ya todo el mundo asimila, incluso a nivel político y desde distintas ideologías, lo importante de tener unas rentas mínimas, que además dan pie a que no haya un estallido social.
–¿Cómo es la relación entre la Fundación y las entidades del Tercer Sector?
–El Tercer Sector tiene en Gijón una vida, experiencia y arraigo que nos son imprescindibles. Su capacidad de crear lazos y redes en los barrios son oro molido para nosotros. También tienen mayor capacidad de innovación y más flexibilidad: son barcos pequeños con más maniobrabilidad que la administración púbica. Y tienen otra función importante: su capacidad de crítica. Ello son, en el buen sentido de la palabra, el lobby de los pobres y los que les dan voz para decirnos esto sí, por aquí no... Esa capacidad de tensarnos ayuda muchísimo. Toca avanzar en ver que servicios o programas debemos hacer cada uno y, a través de los convenios y las subvenciones, el Ayuntamiento tiene que ir fomentando aquello que cree más importante. No se trata de repartir lo que hay a partes iguales. Tenemos en marcha un plan para buscar un trabajo mucho más colaborativo.
–¿Y entre administraciones?
–Tenemos el reto de realizar un trabajo más colaborativo con otras administraciones pero también con otros servicios municipales. Dentro del Ayuntamiento se ha iniciado un proceso de revisión del modelo de funcionamiento para hacer un planteamiento más de colaboración que de coordinación. Con educación, con cultura, con vivienda, con empleo, con deportes... para aprovechar mejor todos los recursos.
–La Fundación lleva tiempo trabajando en un plan de mayores, ¿ya está acabado?
–Está finalizándose el diagnóstico pero hay cosas que se ven claras. Para mí hay una gran oportunidad con el servicio de ayuda a domicilio. Se ha hecho una apuesta económica importantísima para mejorar la calidad del empleo de las trabajadoras pero también para ampliar y dar un salto cualitativo en la calidad del servicio. El objetivo ya no es solo que limpiemos la casa o aseemos a la persona sino trabajar en las relaciones de esa persona con la comunidad. El fin de la ayuda a domicilio es que alguien esté a gusto en su casa, que sea autónomo y al tiempo esté relacionado. La otra alternativa es lo que vimos en la pandemia: gente que si tuviera los apoyos adecuados se podía haber quedado en casa y que acabó en el otro extremo, en una residencia.
–¿Por eso una ordenanza específica de ayuda a domicilio?
–Sí, la queremos sacar en 2022. La ayuda a domicilio es una apuesta en esa atención a mayores pero hay otras.
–¿Cómo cuales?
–Toda la vida que queremos dar a los barrios aprovechando los centros municipales y los hogares de mayores, que nos parecen espacios privilegiados. Queremos darles una vuelta para ver cómo somos capaces de compensar esa destrucción natural de las relaciones porque las familias son más pequeñas, porque los hijos ya no viven en la misma ciudad...
–“Mi barrio” se ha convertido en un problema. ¿Ya está el informe que explique las razones de que los beneficiarios no hayan gastado ese dinero?
–Es un informe que estaba en marcha cuando llegué y lleva Natalia (González, la presidenta de la Fundación). Hay mucha casuística a tener en cuenta. Lo que está claro es que el interés del programa es que a la gente ese dinero le haya podido ayudar en un proceso de crisis. Para Servicios Sociales el objetivo primordial es el usuario; los demás, como la Unión de Consumidores, son colaboradores. Se está analizando la ampliación de plazos y fórmulas para ajustarse a las necesidades de la gente.
–Vamos, que el día 31 de este mes no se les va a pedir que devuelva lo que no gastaron.
–No, se está mirando si prolongarlo hasta final de año o algo más. Son personas que necesitan ese dinero, que lo están gastando o que lo van a gastar.
–Con tarjeta o sin tarjeta, ¿ayudan este tipo de programas para compras?
–Uno no puede depender de que haya una convocatoria o no la haya. Los ingresos mínimos que una persona necesita para vivir deben estar garantizados. Pero hay otra cosa que para mí es importante en este debate. La diferencia entre los criterios estratégicos y los operativos. Los primeros los fijan los políticos y los segundos los profesionales. La exclusión social es algo muy complejo; tanto que hemos llegado a la luna pero no hemos acabado con la exclusión. Se decide que hay que hacer una obra y un político no se mete en que tipo de tornillos eligió el ingeniero. Pues en el mundo de los servicios sociales, siempre con la mejor voluntad, si hay quien decide con tarjeta sí, o con tarjeta no... Para evitar problemas hay que basarse en el criterio de la gente que sabe y no solo en la buena voluntad.
