Las multas a los conductores por circular a 30 kilómetros por hora podrían ser “ilegales”. Así lo denunció ayer el presidente del Partido Popular gijonés, Pablo González, quien advirtió al gobierno local de que podría verse en la obligación de devolver el importe de las sanciones en el caso de “prosperar en los tribunales el recurso interpuesto del PP a la ordenanza de movilidad”. González acusó al Ayuntamiento de usar la movilidad “como instrumento ideológico”.
