Será el Pleno de Gijón quien le pida a los grupos parlamentarios que impulsen en la Junta General del Principado una comisión de investigación sobre la decisión de Itvasa –empresa pública dependiente del gobierno regional– de ubicar una estación de inspección de vehículos en Granda. Así se decidió ayer tras salir adelante una iniciativa conjunta de Foro, el PP y Vox a la que sumaron sus votos Ciudadanos y Podemos. La formación morada incorporó a la iniciativa, vía enmienda, el matiz de que esa comisión se ponga en marcha antes de que acabe este año. El PSOE e IU, los dos grupos que sustentan al gobierno local, votaron en contra. La ausencia de dos ediles, uno de Podemos y otra de Ciudadanos, provocó que la iniciativa saliera adelante por un solo voto de diferencia.
“Hay demasiadas cosas raras, demasiado interés del PSOE en que no se revierta la operación; así que una comisión de investigación que ponga luz se hace políticamente imprescindible”, explicó el forista Jesús Martínez Salvador al presentar la iniciativa y tras hacer un repaso de la historia del proyecto en la que incluyó que la operación desde Itvasa la había dejado encarrilada el anterior gerente de la empresa “nombrado en 1988 por la entonces consejera de Industria, Paz Fernández Felgueroso” y que la venta en nombre de La Cooperativa la había firmado su actual director “casualmente un destacado socialista que ocupó importantes responsabilidades en el Ayuntamiento y el Principado”, en referencia a José María Pérez.
Referencias como esa fueron afeadas por la edil de Urbanismo, la socialista Dolores Patón, al acusar a los ediles de la oposición de practicar el chismorreo, rozar la difamación e intentar sacar rédito político a la queja vecinal de los vecinos de Granda yendo allí a “hacerse foto, a crispar y hasta a calumniar”. Patón negó el apoyo del gobierno a esta propuesta de comisión de investigación porque “no queremos convertirnos en comparsas de estas difamaciones, de este ejercicio de política basura” y dejó claro que “la razón por la que se puede poner una ITV en esa ubicación es porque es legal y lo es por el PGO del gobierno de Foro que ustedes aprobaron”.
Patón firmó hace unos días la licencia de la ITV tras recopilarse informes positivos de todas las áreas municipales. Informes que la oposición y los vecinos encuentran incompletos, sobre todo en lo que se refiere a la situación del viario de la parroquia. “Este gobierno no considera idónea ni adecuada esa ubicación, se puede decir más alto pero no más claro, pero las licencias se circunscriben a aspectos urbanísticos”, sentenció Patón.
Ciudadanos, a través de su edil Rubén Pérez Carcedo, aseguró que “no decimos que haya algo ilícito pero si que se tomaron decisiones en base a unos parámetros que no deben ser los de una empresa publica”. Para Pérez Carcedo el gobierno local “ha claudicado” en la defensa de los intereses de la parroquia de Granda. “Itvasa tiene 9 estaciones, todas en polígonos. Esta es la única en un entorno rural y no es por falta de suelo industrial”, explicó Eladio de la Concha, de Vox, que también recordó en su intervención a José María Pérez. “Da la impresión de que en esta operación se tuvieron en cuenta otros intereses”, concretó. “Esto es más propio de la trama de una novela que de dos administraciones públicas”, dijo la portavoz de Podemos-Equo, Laura Tuero, para quien “que se otorgue la licenica no obliga a la ejecución del proyecto. Alberto López-Asenjo, portavoz del PP y quien cerró las intervenciones, defendió la comisión de investigación “en aras a la transparencia porque todos hemos tenido dudas razonables al ver los expedientes de este proyecto”.
Repulsa institucional, sin Vox, a la agresión sexual denunciada en Gijón
“El foco debe situarse en los agresores, no en cómo disfrutan de su ocio las mujeres”, se indica en la declaración política
Vox fue el único de los siete partidos de la Corporación que no secundó ayer una declaración institucional del Pleno de “repulsa a la agresión sufrida por dos jóvenes mujeres el pasado 24 de julio” en referencia a las dos jóvenes que denunciaron haber sido brutalmente agredidas y violadas en un alojamiento hotelero del barrio del Carmen. Si lo hicieron PSOE, Ciudadanos, Foro, Podemos-Equo, PP e IU.
La declaración institucional termina con un mensaje de “apoyo y solidaridad” a las dos víctimas de Gijón pero también “a todas las mujeres víctimas de hechos de estas naturaleza” y con una manifestacióa de “absoluta repulsa” a cualquier acto de agresión sexual como manifestación de la violencia machista contra las mujeres. A todo ello se suma el apoyo a la “administración de justicia para que lleve a cabo su trascendente labor de determinar lo acontencido el 24 de julio”.
Entre las líneas de la declaración institucional se incluyen varias reivindicaciones. Una de ellas, a favor de la asignatura de educación sexual afectiva. Otra pidiendo mayor implicación ciudadana contra crímenes “que no puede tomarse a la ligera y debe tener consecuencias”.
Y una más sentenciado que “el foco debe situarse en los agresores, en que no deben quedar impunes, y no en qué hacen las mujeres, cómo disfrutan de su ocio, de día o de noche, en el ejercicio de su libertad”.
La exigencia de Vox de paralizar todos las sanciones municipales vinculadas al estado de alarma declarado inconstitucional y devolver de oficio el dinero cobrado no salió adelante por los noes de la izquierda y la abstención de Podemos. Aunque saliera, Marina Pineda, edil de Hacienda, explicó que no podría ejecutarse porque el Ayuntamiento no sanciona. Las denuncias de la Policía Local van directas a Delegación de Gobierno.
Al Ayuntamiento de Gijón llegarán antes de que acabe el año 1,3 millones del Estado por la liquidación del ejercicio de 2019 y el anunciado incremento del 13% de las entregas a cuenta a los ayuntamientos le reportará a Gijón unos diez millones más para el presupuesto de 2022. Dos cifras que dio ayer la edil de Hacienda, Marina Pineda, en un debate sobre financiación abierto a iniciativa del Partido Popular.
Los colegios Honesto Batalón, Jovellanos, Piles, Clarín y Los Campos estrenarán este curso el programa “escuela de sostenibilidad” que busca controlar los gastos reales de cada centro en consumos de agua y energía y apoyar actividades educativas que conciencien sobre el ahorro energético. Lo explicó la edil Natalia González para justificar el rechazo a la idea de Podemos de implantar el programa 50/50 con unos objetivos similares.
