Antiguos empleados de astilleros, talleres y fábricas de la ciudad que desarrollaron, en general ya después de su jubilación o cuando sus empresas ya habían perecido en la reconversión industrial, tumores malignos vinculados a su exposición a tóxicos en su puesto de trabajo. Este ha sido el objeto de un estudio recientemente publicado por el Hospital de Cabueñes, una investigación pionera de alcance nacional en el que el gijonés fue el único complejo asturiano en cumplir los criterios de selección y que, a juicio de Juan Castañón, responsable del servicio de Prevención de Riesgos Laborales del hospital, se salda con una conclusión clara: la necesidad de implantar unidades de patología laboral en la red pública ante una problemática “infradeclarada” aún hoy en día. “Se ha visto probado que crear este tipo de unidades específicas ayudaría a llamar a las cosas por su nombre y a poner el foco en situaciones laborales de riesgo”, señala el experto.
El estudio nacional, liderado por el Hospital del Mar de Barcelona, se desarrolló en Cabueñes desde 2018 y hasta 2020, cuando la pandemia obligó al servicio a centrar sus esfuerzos en la pandemia. En estos dos años de trabajo, Castañón acordó con los directores del estudio que el hospital gijonés se centrase principalmente en patologías oncológicas, dejando correr sí enfermedades laborales menos graves por dermatosis o tendinitis. “Preferimos centrarnos en un volumen de casos menor pero que exigían un trabajo de mayor intensidad por ser patologías muy serias y de gran impacto social y económico”, razona Castañón.
El protocolo estableció que la dirección de Riesgos Laborales contase con el apoyo de los servicios de Oncología, Neumología y Otorrinolaringología, cuyos especialistas eran los encargados de remitir a los pacientes son una sospecha diagnóstica que encajase con el perfil que se buscaba. A nivel nacional –Castañón prefiere no compartir, por privacidad, los datos desgranados del hospital gijonés–, el estudio analizó 308 casos, y de ellos, en 154 (el 62 por ciento) se confirmó la sospecha de enfermedad profesional. A su vez, se logró que 78 (el 65 por ciento) fuesen reconocidos como tal. Conseguir el reconocimiento de la enfermedad profesional es importante, a juicio de Castañón, por tres grandes motivos. “Supone, desde el punto de vista de la persona, que pueda modificar la cuantía de su pensión, porque no es lo mismo que jubilarse por una enfermedad común. A nivel sanitario, la cuestión económica está ahí, porque estos servicios se deben canalizar a través de la Seguridad Social y de las mutuas de la empresas. Y, a nivel preventivo, simplemente podemos llamar a las cosas por su nombre, ponerle el cascabel al gato, y poner el foco en posibles situaciones de riesgo aún vigentes”, razona.
En Gijón, la patología oncológica estuvo estrechamente ligada al pasado industrial y obrero de la ciudad. “El ejemplo más claro en Asturias es la exposición a amianto, un problema que es bien conocido, pero muchos afectados tienen dudas o directamente desconocen que han estado expuestos. Se han visto casos de todo tipo. Algunos ya tenían sus sospechas, en otros solo podíamos hablar con la familia porque la persona ya había fallecido”, cuenta el responsable gijonés. La investigación supuso una labor casi detectivesca: “Tuvimos que entrevistarnos con los empleados y sus familias, recabar la historia laboral que muchas veces se vinculaba a empresas que ya cerraron o con trabajadores que llevaban ya tiempo jubilados. Aún así, logramos buenos resultados”.
Con estos datos sobre la mesa, entiende Castañón que Cabueñes “estaría bien encaminado” ante la posibilidad de habilitar unidades de patología laboral en la red pública. “Tenemos personal formado y este estudio ya ha demostrado que hay casos que, en general por tardar tiempo en manifestarse, se escapan del radar. Las enfermedades profesionales están infradeclaradas y es un problema a atajar”, valora.
