La Concejalía de Urbanismo ha notificado hoy a los propietarios del colegio San Vicente Paúl las medidas que deben adoptar para asegurar el edificio tras el desplome de parte de su cubierta que acabó con la vida de dos trabajadores que colocaban pladur en un aula, el pasado miércoles.

Las medidas se han establecido en base al informe técnico municipal que ordena la estabilización y consolidación de la fachada, “teniendo en cuenta además que deberán eliminarse todos aquellos elementos cuya estabilidad no pueda garantizarse, como por ejemplo, barandillas sueltas, piezas de cornisa rotas, etcétera, y se apearán los huecos de ventanas que hayan resultado afectados por el derrumbamiento” producido la mañana del pasado cinco de enero. Asimismo, se ha de resolver la consolidación de la cornisa perimetral especialmente afectada, en la esquina de las calles Ezcurdia y Caridad, donde se han avistado sendas grietas. según se explica desde el Ayuntamiento.

Se trata de medidas cautelares que se deben adoptar “de manera inmediata”, según han decidido los técnicos municipales tras las visitas efectuadas el viernes y hoy mismo.

Las medidas también incluyen el apuntalamiento “de todos los pisos de abajo hacia arriba en las zonas afectadas, teniendo en cuenta la carga actual sufrida por el derrumbe, con el objeto de poder entrar con seguridad para realizar las obras de desescombro y todas aquellas que resulten necesarias”, señala el Ayuntamiento.

 Por otra parte, se debe proceder al vallado perimetral a través de un cierre metálico, apoyado en piezas de hormigón hasta el bordillo de las aceras colindantes, permitiendo únicamente el paso peatonal en los edificios situados enfrente. Se protegerá el cruce viario de cualquier acceso, ampliando lo máximo posible el cierre en esta zona.

Por último, una vez ejecutadas las actuaciones de estabilización y consolidación del inmueble debe procederse al desescombro y demolición de aquellos elementos del interior que hayan perdido estabilidad o que sean irrecuperables.

 Según especifica el informe, “una vez asegurado el inmueble, y siendo deber de los propietarios mantener los inmuebles en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, deberá requerirse a la propiedad para que efectúe las obras necesarias en dicho inmueble, de manera que pueda garantizarse la reanudación de la actividad en el mismo”.

 La actuación a acometer tras el aseguramiento deberá contar con la autorización previa de la Comisión del Catálogo municipal, dado el grado de protección del inmueble.