Nuevo revés para pacificar el entorno de la plaza de José González, “El Presi”. Todo estaba listo para desalojar a los okupas del edificio de la calle Carmen, pero cuando los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional (UPR) entraron en el interior del inmueble, se encontraron con cuatro personas que no figuraban en la orden de ejecución dictada por el Juzgado, desvelada ayer por LA NUEVA ESPAÑA. “Ahora tenemos que volver a empezar de nuevo los trámites”, lamentaba por la mañana la dueña del edificio.
A las nueve de la mañana comenzaron a llegar las personas implicadas en el proceso, entre ellas, la propietaria. También acudieron hasta la plaza del Presi operarios de empresas de cerrajería y otros dedicados a tapiar con ladrillos la puerta de entrada a este edificio, destrozado por distintos habitantes que llevan instalados de forma ilegal desde 2015. Pasadas las diez de la mañana, hicieron su entrada en escena los agentes de la UPR. Cuando revisaron las estancias –tres plantas con dos pisos a cada lado– se percataron de la presencia de cuatro individuos, dos de ellos de nacionalidad búlgara. Con las mismas bajaron, pues la orden de ejecución que llevaban no incluía esos nombres. Los policías eso sí, identificaron a esos nuevos huéspedes del inmueble. “Todo se retrasa siempre por algo y llevamos ya más de seis años. Ahora hay que solicitar que expulsen a estos cuatro y cuando volvamos la próxima vez, estarán otros nuevos. No sabemos ya qué hacer”, reflexionaba la dueña del inmueble tras fracasar sus expectativas para tapiar el edificio ayer mismo.
La propiedad llevó a juicio a ocho de los residentes del inmueble, que fueron condenados por un delito de usurpación por el Juzgado de Instrucción número 2 de Gijón. Fue en febrero de 2021, justo un mes antes del inicio de confinamiento y la prohibición de llevar a cabo desahucios. Además, los perjudicados recurrieron aquella sentencia ante la Audiencia Provincial, lo que también demoró el proceso, según explican las fuentes consultadas del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Cada diligencia que se tenía que llevar a cabo con los ocho implicados, había que traducirla al idioma correspondiente, es decir, francés, polaco, búlgaro y árabe.
Todos los implicados en aquella causa, confirman las mismas fuentes, fueron siendo desalojados de la vivienda desde que el fallo adquirió firmeza. Faltaba uno, el que ayer fueron a buscar los agentes de la UPR, pero no se encontraba en la vivienda. ¿El problema? Que en el tiempo que se ha dilatado el proceso judicial, por los motivos anteriormente expuestos, otros inquilinos se han ido metiendo en el edificio, y al estar fuera de ese proceso judicial la jueza no puede echarles. Debe ser otro procedimiento el que resuelva que esos nuevos individuos están de forma ilegal residiendo en el inmueble de la calle Carmen.
Los vecinos, hosteleros y comerciantes de la zona ven muy difícil la solución a este problema, especialmente porque saben que cada cierto tiempo van rotando esos huéspedes, entre los que se encuentran algunos conflictivos que provocan incidentes en la zona. Desde lanzamiento de objetos a las terrazas a peleas, pasando por provocar incendios, como el ocurrido el pasado mes de enero. La opción de tapiar piso a piso que se fuese quedando vacío lo rechazaba ayer la propiedad, consciente de que “irían poco a poco derribando el muro para poder volver a entrar”. “Hay que tapiar la puerta principal cuanto antes, pero nos vamos a encontrar siempre el mismo problema, que llegan nuevos okupas cada poco”, lamentaba.
