Los contratos de obras públicas del Ayuntamiento de Gijón se revisarán para garantizar que las constructoras, en la actual situación del repunte de precios por el encarecimiento de materiales, puedan actualizar sus presupuestos para mantener siempre un margen de beneficio rentable. La medida ya se había aplicado de forma parcial, con la actualización del presupuesto de proyectos como el de las obras en barrios degradados –que ascienden ahora a 14 millones–, pero adquiere ahora carácter general y supone que el gobierno local asuma como propio el decreto estatal que ya se ha replicado con una norma autonómica liderada por el vicepresidente, Juan Cofiño. Esta garantía, pactada ayer con la patronal de la construcción CAC-Asprocon “empezará a trabajarse ya”, según el edil Olmo Ron. “Era algo muy necesario para que las licitaciones no queden desiertas y que las obras en marcha se puedan ejecutar”, razonó Joel García, presidente de los constructores.
La norma autonómica que avala esta revisión, anunciada el mes pasado y con la que Cofiño ya abría la puerta a que los ayuntamientos se sumasen, ampara procesos de obras en marcha tanto en fases de ejecución como de licitación, adjudicación o formalización. Asprocon llevaba ya semanas pidiendo a Principado y ayuntamientos adherirse a un decreto estatal que, para García, es ahora la única “garantía de ejecución de obras pendientes” y que, aun así, es “mejorable”. “El decreto es un poco enrevesado porque unas obran entran y otras no, y eso las administraciones lo pueden interpretar de manera distinta. No se da cobertura a todo”, explicó, poniendo un ejemplo: “No se incluye el incremento del precio de la electricidad, y debería”. Explicó también el de Asprocon que, de momento, por parte del Ayuntamiento, existe la “garantía” de ponerse a trabajar, pero que administrativamente “llevará un tiempo” hasta que logre concretarse en su totalidad. “No es que haya que modificar el presupuesto, pero sí hay que reservar dinero para que las empresas puedan acceder a esos pagos, y eso hay que tramitarlo. Solo esperamos que se haga lo antes posible, porque urge”. Hasta entonces, añadió, “el sector está expectante”, aunque no le consta ningún gran proyecto local que esté ahora mismo bloqueado por este asunto.
Ron, por su parte, explica que esta revisión general –que desde el Principado señalan que tendrá que ser “contrato a contrato”– se complicará también por la doble velocidad a la que se mueve el mercado constructivo y las administraciones. “El mercado ahora mismo fluctúa mucho, a veces de semana a semana, y en las administraciones tenemos tiempos de licitación de hasta cuatro o seis meses, así que nos va a dificultar mucho a la hora de presupuestar”, reconoció. La idea, en cualquier caso, es garantizar que, si ese mercado volátil acaba por encarecer el presupuesta de una obra ya comprometida, las empresas que “justificándolo debidamente” demuestren este repunte serán compensadas económicamente. “Entendemos que debe haber una reactualización de los precios, es lógico, porque no pretendemos generar inconvenientes a las constructoras. Así, favoreceremos la ejecución de las obras ya presupuestadas este año”, completó el concejal.
De acuerdo a la regulación estatal, las cuantías de estas revisiones no podrán sobrepasar el 20% del precio de adjudicación. De forma excepcional, también se recoge que podrían sumarse a estas bonificaciones las licitaciones que se anuncien en las plataformas de contratación durante el próximo año. La medida afecta a los precios de los materiales siderúrgicos, bituminosos, de aluminio o cobre, siempre que el aumento supere el 5% el importe certificado entre uno y dos años. Asprocon aspira a intentar incluir otros materiales y, sobre todo, el repunte del precio energético.
