La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no ha puesto reparos a que el Ministerio para la Transición Ecológica legalice la regasificadora de El Musel, otorgándole una nueva autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de unas instalaciones que acabaron de levantarse en 2012 en base a una resolución de 2008 que había sido anulada judicialmente por incumplir un artículo del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP) que impedía la construcción de la planta a menos de dos kilómetros de un núcleo habitado. Ese artículo del RAMINP fue posteriormente derogado. La CNMC, no obstante, obligará a corregir la redacción de la autorización administrativa que había elaborado el Ministerio, para incluir en la misma referencias al régimen económico de la planta, que deberá ser validado por la CNMC como condición previa para la autorización por su puesta en servicio. En su informe, la CNMC también apunta a la posibilidad de que el Principado o el Ayuntamiento puedan establecer convenios con Enagás para cubrir algunos sobrecostes de la planta, sin que los mismos se repercutan en el recibo del gas de los consumidores.
La autorización administrativa previa y la aprobación del proyecto por parte de Transición Ecológica es uno de los trámites burocráticos necesarios para que pueda comenzar a utilizarse la planta de El Musel. Enagás inicialmente sólo prevé poner en servicio los dos tanques de almacenamiento de gas natural licuado, 300.000 m3 entre ambos, pero no la unidad de regasificación. Esto es, plantea usar la planta como punto de almacenamiento intermedio de gas licuado con destino final en otros países, pero no conectarla al sistema nacional de gasoductos. Su plan también requerirá de la posterior acta de puesta en servicio, que tiene que otorgarle el Área de Industria y Energía de Delegación del Gobierno y trata de las condiciones previas para el otorgamiento de la misma, donde Enagás hace sus matizaciones al Ministerio.
La propuesta remitida por Transición Ecológica a la CNMC condicionaba la puesta en servicio de la planta a un informe favorable del Ministerio respecto a las condiciones técnicas y económicas de la instalación para la prestación del servicio que plantea Enagás. La CNMC señala que el Ministerio es quien tiene que dar el visto bueno a las condiciones técnicas, pero que en lo que respecta a “las condiciones económicas y de acceso para la prestación del servicio de capacidad que corresponda” no es el Transición Ecológica, sino la propia CNMC quien debe emitir una resolución favorable.
Las instalaciones gasistas se consideran estratégicas, por lo que el operador del sistema, Enagás, percibe cada año retribuciones por las mismas, cuyo coste se carga al recibo del gas de los consumidores. En el caso de la planta de El Musel, que acabó de construirse a finales de 2012 y permanece hibernada, Enagás está cobrando unos 25 millones de euros al año en concepto de retribución a la inversión y por el mantenimiento de las instalaciones. Las regasificadoras que bombean gas al sistema estatal cobran también otras retribuciones y en su día se justificó la hibernación de El Musel para reducir costes al sistema gasista, por el exceso de capacidad de regasificación en España. No es eso lo que ha solicitado ahora Enagás, que plantea activar sólo los dos tanques de gas natural licuado de El Musel, para usarlos como punto intermedio de almacenamiento antes de reenviarlo a otros países.
Por ese motivo, Enagás solicitó el pasado 8 de abril un tratamiento económico singular y de carácter temporal para la prestación de servicios logísticos de gas natural licuado en El Musel, sin que se active la regasificación y por lo tanto sin las retribuciones que lleva aparejada esta última actividad.
Posteriormente, el 11 de abril, la Dirección General de Política Energética y Minas remitió a la CNMC la propuesta de resolución para la concesión de la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de la regasificadora de El Musel, que legalizará la planta después de que en 2013 los tribunales anulasen la autorización y aprobación del proyecto que había obtenido en 2008.
La CNMC no sólo señala ahora al Ministerio que en la autorización administrativa que conceda a la planta debe reflejar que la posterior extensión del acta de puesta en servicio debe contar con su visto bueno en cuanto a los aspectos económicos de retribución a las instalaciones gasistas –siendo por tanto la CNMC quien establecerá cómo cambian las retribuciones que ahora percibe Enagás por la planta–, sino que además la autorización administrativa debe plasmar claramente que mientras la instalación de Enagás en El Musel goce del régimen económico singular y temporal como mero almacén de gas natural licuado, la regasificadora gijonesa “no estará sujeta al régimen general de acceso a terceros” y a su régimen económico, esto es, a las retribuciones por bombeo de gas al sistema.
Además, la CNMC también hace referencia a los costes en que puede incurrir la planta por la obligación de cumplir normativa autonómica o municipal sobre medidas preventivas, correctoras y compensatorias de los impactos más significativos, o por requerimientos del Principado y el Ayuntamiento. En ese sentido, la CNMC señala que la autorización administrativa debe “identificar claramente” que costes son consecuencia de la normativa autonómica o municipal, o de sus requerimientos. Añade que el Ministerio debe establecer en la autorización la posibilidad prevista en la Ley 18/2014 que permite a Enagás establecer convenios con ambas administraciones para “cubrir el sobrecoste ocasionado” por esas normativas. Unos sobrecostes para la actividad de la instalación que no pueden ser reconocidos en la retribución que Enagás percibe con cargo al sistema gasista.
Tras este informe de la CNMC, fechado el pasado 19 de mayo, Transición Ecológica ya puede otorgar la autorización de la regasificadora de El Musel.
